Así lo reivindicó en un comunicado en el que valoró que se reconozcan nuevos derechos y servicios al tiempo que trasladó su “preocupación” por la viabilidad de la norma, la financiación de los servicios y sus “efectos” ante el “posible aumento de la desprofesionalización y su impacto negativo de género”.

Entre los aspectos “más positivos” del texto, Aeste destacó el reconocimiento de los servicios sociales como servicios esenciales; la consideración de la teleasistencia como derecho subjetivo para las personas en situación de dependencia, siendo complementaria a otros servicios; la inclusión de nuevos servicios como la provisión de productos de apoyo para la autonomía personal así como la promoción de la investigación, la innovación y la experimentación social.

En paralelo, expresó su “preocupación” por la “falta de concreción” sobre la puesta en marcha de la norma y sobre algunos servicios como la asistencia personal o los servicios de cuidados y apoyos en viviendas, convencida de que el texto “puede generar expectativas a los ciudadanos, a las que luego las distintas comunidades autónomas no puedan dar respuesta, al menos a corto y medio plazo”.

Por otro lado, aseveró que se “abren nuevas vías” de atención que, a su entender, “pueden provocar una desprofesionalización de los cuidados y un gran impacto de género”.

PRESTACIONES ECONÓMICAS

“Existe un alto riesgo de que las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar pierdan su carácter excepcional, como ya viene ocurriendo en algunas comunidades autónomas”, estimó, al tiempo que subrayó que la ampliación de esta prestación al entorno relacional de la persona puede suponer que las personas mayores “no reciban la atención especializada que requiere su dependencia y que esto vaya, además, en detrimento de unos cuidados profesionalizados”.

En este contexto, reconoció que, tras casi dos décadas desde la aprobación de la Ley 39/2006, era “necesaria” una “actualización” que “respondiera a los nuevos retos sociales y demográficos”.

“Avances como la promoción de la autonomía personal y el impulso a prestaciones que permitan a las personas permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible representan una evolución que Aeste valora positivamente”, apostilló.

No obstante, hizo hincapié en que, para que este enfoque sea “realmente efectivo y justo”, debe garantizar una cobertura “suficiente” basada en “cuidados profesionales de calidad y con la intensidad suficiente”.

“Este modelo no puede traducirse en una sobrecarga de los cuidadores no profesionales ni en la estigmatización de otros recursos fundamentales, como los servicios residenciales, que seguirán siendo imprescindibles”, sentenció, al tiempo que abogó por desarrollar la ley “desde la responsabilidad, la profesionalización y la sostenibilidad” del sistema de cuidados para “consolidar unos servicios y coberturas a la altura de los retos presentes y futuros”.