Los diputados debatirán y votarán este martes la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, una iniciativa que constituye "la gran apuesta" del Ministerio de Derechos Sociales para esta legislatura. El objetivo que persigue el departamento que dirige Pablo Bustinduy es refundar el modelo de cuidados y pasar de un sistema con un enfoque asistencialista y de "macroresidencias" a uno basado en los derechos de las personas.

En concreto, este proyecto de ley modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para adecuarlas al artículo 49 de la Constitución, reformado en 2024.

SERVICIOS COMPATIBLES

Entre las principales medidas que incluye se encuentra la eliminación del régimen de incompatibilidades, lo que permitirá ajustar las prestaciones que recibe una persona en situación de dependencia a su situación particular. Así, por ejemplo, se podrá combinar la asistencia a un centro de día al tiempo que se percibe una prestación de cuidados en el entorno familiar. La norma prevé de este modo que el denominado PIA, Programa Individual de Atención, que elaboran lo servicios sociales de las Comunidades Autónomas, se flexibilice para dar acceso a los usuarios a los servicios que se adapten a sus necesidades sin tener que elegir entre unos u otros.

Otra de las novedades es la ampliación de la asistencia personal, que podrá ofrecerse más allá del entorno domiciliario. Hasta ahora, este servicio se circunscribía a una ayuda en el hogar y si la norma sale adelante los usuarios podrán contar con ese asistente fuera de su casa para realizar actividades diarias en las que necesita apoyo, como ir a hacer la compra o acudir al médico.

También se amplía el concepto de cuidadores a personas que no tengan un vínculo familiar con la persona en situación de dependencia y se elimina el periodo suspensivo de dos años para comenzar a percibir la prestación económica. La reforma también contempla la universalización del derecho a la teleasistencia. Hasta ahora, personas con demencia, por ejemplo, no podían contar con este sistema. El objetivo es que el servicio llegue a más personas y permita hacer un seguimiento de su estado e incluso ofrecer otros dispositivos, como pulseras para localizarlas cuando salgan a la calle, explicaron desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

Un hombre mayor en silla de ruedas intenta cruzar una puerta | Foto de 123RF/robypangy

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO

La reforma incluye también el reconocimiento automático dl 33% de discapacidad a quienes hayan obtenido un grado I de dependencia. Las personas en grado II o III de dependencia podrán también ser reconocidas con un grado de discapacidad del 65%. Con esta medida lo que se pretende conseguir es la agilización de los procesos administrativos vinculados a estos reconocimientos, lo que repercutiría en la reducción de las listas de espera.

La accesibilidad universal se convierte además en un derecho, lo que se traduce en la creación de un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal y se regula un Fondo Estatal con este propósito que permitirá financiar la instalación de rampas o la creación de audiodescripciones en servicio o edificios públicos cuando así lo solicite una persona con discapacidad.

Otra de las medidas destacadas de esta modificación legislativa es la que atañe al cambio de la Ley de Propiedad Horizontal, que permitirá adaptar las viviendas y edificios en los que viven las personas con discapacidad. Para ello, se rebajará del 75 al 70% el porcentaje de financiación de la obra a realizar por una comunidad de propietarios para adaptar sus instalaciones a los vecinos con discapacidad. Según datos que maneja el Ministerio de Derechos Sociales, esta medida afectaría a unas 100.000 personas que no pueden salir de sus casas porque sus edificios no son accesibles.

FACILITADOR PROCESAL

La reforma regulará también la figura del facilitador procesar, una asistente que acompaña a las personas con discapacidad para evitar situaciones de indefensión en los procesos judiciales, y que pretende ser un puente entre los operadores jurídicos y las personas con discapacidad.

Igualmente, la modificación legislativa busca acabar con la discriminación que soportan las personas con discapacidad en los contratos de seguros, ya que algunos de las pólizas de vida y salud modifican su precio cuando el solicitante es una persona con discapacidad, algo que quedaría prohibido.

Además, el texto incorpora de manera expresa la perspectiva de género y la perspectiva interseccional como principio rector de las políticas de dependencia. En este sentido, el proyecto de ley incorpora un nuevo artículo que refuerza la protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres mediante “la garantía de mecanismos accesibles y especializados de atención, denuncia y protección. Asimismo, promoverán su autonomía personal y el desarrollo de un proyecto de vida independiente acorde con su edad y circunstancias”. Y se incorpora también un apartado que dicta que las personas con discapacidad víctimas de violencia contra las mujeres “serán titulares del derecho a recibir apoyos adecuados para garantizar su seguridad, autonomía personal y plena participación en la sociedad”.

Del mismo modo, la norma también hace mención a la salud mental de las personas con discapacidad indicando que “todas las intervenciones sanitarias y asistenciales en el ámbito de la salud mental deberán basarse en el consentimiento libre e informado de la persona”.

FINANCIACIÓN

Desde el Ministerio de Derechos Sociales señalaron además que esta reforma coincide con una "ampliación histórica" de la financiación que el Gobierno traslada a las comunidades autónomas para la dependencia. En total, recordaron, el Gobierno transferirá a los gobiernos autonómicos 7.239,4 millones de euros para 2027, primer año completo con la nueva financiación, ya que en 2026 se puso en marcha el 1 de julio, indicaron las mismas fuentes.

Además, la reforma de la ley de dependencia que hoy se vota incorpora una enmienda para garantizar por ley que el Gobierno central asuma el 50% de la financiación de la dependencia.