Así lo avanzó Bustinduy durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó el Real Decreto-Ley que establece medidas para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades complejas, en la que adelantó también su intención de verse “de forma inminente”, tal y como ha “venido haciendo a lo largo de todos estos meses”, con las asociaciones de enfermos y familiares que, a su juicio, “han contribuido de manera ejemplar en el despliegue de esta ley”, recordando que “consiguieron su aprobación primero” y a quienes quiso “una vez más agradecerles el trabajo” realizado.

Tras subrayar que, con esta norma, el Gobierno proporciona “una inyección extraordinaria” de 500 millones de euros para “reforzar” el sistema de la dependencia y “cumplir con el mandato de desarrollo de la 'ley ELA'”, creando un nuevo grado de dependencia extrema y el derecho a una prestación de casi 10.000 euros al mes para “garantizar la atención efectiva 24 horas”, Bustinduy explicó que el decreto se estructura en torno a “tres ejes principales”.

El primero sería un “eje estructural” que, según el ministro, es la “novedad” que “mayor impacto tendrá a largo plazo” y que “tiene que ver con la creación de derechos y garantías”, con ese nuevo grado de dependencia extrema, el grado lll Plus, que “busca recoger estos casos especialmente complejos y darles cabida dentro de nuestro sistema de protección social y de cuidados”, algo que será posible, dijo, “gracias al empuje y a la demanda de la sociedad civil que hoy consigue que nuestro Estado social avance”.

El segundo es un eje “más específico” que tiene que ver con el modelo de la prestación de atención y cuidados, que se basa en la “personalización” y en la “garantía del derecho a la atención 24 horas” con esa nueva prestación de casi 10.000 al mes por paciente. “El tercero de los ejes es el eje financiero y es que hoy movilizamos 500 millones de euros de inversión adicional, no solo para el desarrollo integral de la 'ley ELA', sino también para el refuerzo general de nuestro sistema”, apostilló, consciente de que, esto es” particularmente importante” por las “necesidades y tensiones crecientes” del sistema, que, avanzó, “solo van a ir a más”.

ABSOLUTAMENTE ESENCIAL

Por esta razón, reivindicó la importancia de “mejorar su financiación” convencido de que dicha financiación “en su conjunto” es “absolutamente esencial, pero también teniendo en cuenta la trayectoria de la que viene este sistema” tras los 5.406 millones de euros de recortes acumulados durante una década del Gobierno del PP y que han derivado en “muchas de las necesidades que hoy presenta el sistema”.

Frente a esta situación, aseveró que, tanto en la legislatura anterior como en esta, el Gobierno de coalición “ha demostrado un compromiso sostenido con la mejora de la financiación del sistema”, que va “acompañada” del “necesario cambio de modelo” del sistema de la dependencia que “busca hacer efectivo” la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que está en fase de tramitación parlamentaria y dijo "esperar" que pueda “ver la luz cuanto antes y con un grado de consenso político y social similar al que dio lugar a la 'ley ELA'”.

“Con la inyección extraordinaria de 500 millones de euros que materializamos hoy, la inversión total estimada para el año 2025 por parte de la Administración General del Estado será de 3.729 millones de euros, lo que implica un aumento del 7,2% en términos interanuales, del 15,5% respecto a lo presupuestado en el año 2023 y, por ejemplo, para el nivel acordado es un incremento del 14,3%”, prosiguió Bustinduy, al tiempo que indicó que a esto hay que añadirle transferencias por valor superior a 800 millones de euros a las comunidades autónomas provenientes de los fondos europeos del PRTR.

A este respecto, estimó que este “compromiso con la mejora del sistema de la dependencia” debe “verse plasmada” en la aprobación de esa reforma, “ahora mismo en discusión parlamentaria y también en la discusión en torno a los Presupuestos Generales del Estado”. “Y diría que este no es el interés del Gobierno, no es el interés de parte, es un interés de Estado y es un interés de nuestra sociedad en su conjunto, porque es el momento de abordar las necesidades que el sistema de la dependencia va a tener en las décadas que vienen”, resolvió.

MOMENTO EXCEPCIONAL

“El decreto ley que aprobamos hoy remite a un momento que fue excepcional en las Cortes por el grado de consenso que se alcanzó para la aprobación de esta ley”, agregó, al tiempo que celebró que, en casos como ese, “por encima de la confrontación y de la instrumentalización antipolítica del conflicto, el interés general se abre paso y se abre paso bajo forma de ampliaciones del Estado del Bienestar, de mejoras de nuestro sistema de protección social”.

“Creo que esto es algo particularmente reseñable en un momento en el que en el mundo entero se acumulan los conflictos, los recortes, el retroceso en materia de derechos”, advirtió, al tiempo que se congratuló de que España “sigue siendo capaz de abrir camino y de dar ejemplo”, convencido de que, este martes, “con todas las dificultades que son evidentes del momento histórico en el que vivimos, se vuelve a dar buena cuenta de que este país avanza y avanza en un sentido muy claro de mejora de la protección social, de avance en materia de igualdad, de justicia social y que, por ello, es la democracia española la que sale reforzada en su conjunto”.

Con todo esto, a su entender, “se plasma un año de intenso trabajo”, no solo por parte de su ministerio, sino de distintos ministerios dentro del Gobierno, también de las comunidades autónomas y de la sociedad civil para “cumplir con el plan de despliegue de la 'ley ELA'”, que fue aprobada de forma definitiva el 24 de octubre de 2024, “agilizar el acceso y mejorar el diseño de las prestaciones” para atender estos casos “especialmente complejos” o mejorar la coordinación sociosanitaria y las cotizaciones de las cuidadoras de personas en grado III de dependencia.

“También, por ejemplo, con la licitación de los dos primeros centros específicos de atención a enfermos de ELA a nivel mundial, los dos primeros centros públicos, que existirán en Extremadura y en Asturias y también con la movilización extraordinaria de recursos para atender, de manera transitoria, las necesidades de estos pacientes en fases avanzadas de desarrollo de estas enfermedades de curso irreversible”, deslizó, al tiempo que reiteró su “agradecimiento” a la sociedad civil que, según su criterio, “de manera ejemplar, ha peleado para poder ampliar nuestro Estado del bienestar y la red de protección social”.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió que, con la aprobación de este real decreto ley, el Ejecutivo da “un paso fundamental en materia de derechos”. “Avanzamos y mejoramos sobre todo también nuestra red de protección social y, en definitiva, ampliamos y mejoramos nuestro Estado social”, abundó, al tiempo que indicó que el objetivo de esta norma es “permitir una atención integral, equitativa y de calidad” a todas estas personas, concluyó.