En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra este domingo 3 de diciembre, en este encuentro participaron la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura López Demarbre; la directora general de Políticas de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Madrid, Isabel Calzas; la arquitecta y técnica de Accesibilidad y Vida Independiente de la Confederación de Organizaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Judith Díaz; y Xavier García-Milà, arquitecto integrante del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad de la Generalitat de Cataluña.

López expuso que el coste medio de estas obras de accesibilidad por hogar se sitúa en 1.361 euros, aunque "puede variar mucho” en función del tamaño del domicilio y del propio edificio, y también del número de vecinos que habita en él. Cuanto más pequeña es la comunidad de vecinos, más suben los costes, que pueden alcanzar hasta los 5.500 euros. “Obviamente, esto hace más caro y difícil el desembolso”, apostilló.

Bajo el título ‘Accesibilidad en el edificio: ¿gasto o inversión’, el informe también revela que solo una de cada siete personas entrevistadas consideraban posible llevar a cabo esas obras de mejora, aunque el 63% creía que eran necesarias.

A juicio de la vicepresidenta de la Fundación Mutua de Propietarios, resulta “evidente que las mejoras en accesibilidad son una inversión y no un gasto”. Ahora bien, admitió que tal concepción depende de la capacidad económica de los propietarios. “Entendemos que debido a los precios y a las dificultades económicas, puede haber vecinos que se lo piensen más”, pero recalcó que estas obras son imprescindibles para garantizar “un derecho básico”.

Por su parte, Judith Díaz apuntó a la “dispersión normativa” como uno de los principales problemas a la hora de construir de forma accesible. A nivel estatal, “tenemos el Código Técnico de la Edificación, la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley de Vivienda”, puntualizó.

El primero fija los criterios técnicos que son exigibles en los edificios, mientras la segunda regula el funcionamiento de las comunidades de vecinos y la tercera se centra en el acceso a la vivienda. A todo esto hay que añadir las legislaciones autonómicas y las regulaciones municipales, insistió Díaz.

En su opinión, ello “hace muy complicado presentar reclamaciones y litigar para aquellas personas con discapacidad que quieren que sus comunidades lleven a cabo estas modificaciones”. Implica “tiempo, recursos y dinero”, y al final, “muchas personas optan por cambiar de vivienda”.

En este sentido, López citó otro estudio de la Fundación Mutua de Propietarios que señalaba que el 22% de las personas mayores habían tenido que dejar su casa de toda la vida por problemas de accesibilidad, con “todo el coste emocional que ello supone”.

Laura López Demarbre, durante el diálogo | Foto de Jorge Villa

AYUDAS PARA ACCESIBILIDAD

La responsable de Cocemfe denunció que 1,8 millones de personas en España necesitan la ayuda de otros para salir de sus casas, y se estima que unas 100.000 no pueden hacerlo nunca. Por este motivo, su organización ha lanzado la campaña ‘#UnaCasaDeLaQuePoderSalir’ para exigir a los poderes públicos que garanticen el derecho a la vivienda y a la autonomía a las personas con discapacidad.

A su juicio, hay tres condiciones que todos los domicilios deberían reunir: ser accesibles, asequibles e inclusivos. Para conseguirlo, aseguró que estos gastos no deben de ser asumidos por las comunidades de vecinos", sino que podrían sufragarse con más ayudas públicas para garantizar este derecho universal.

La Fundación Mutua de Propietarios puso en marcha dos líneas de ayudas para contribuir a la mejora de la accesibilidad de los bloques de apartamentos. Por un lado, mantiene la convocatoria de ayudas directas en la Comunidad de Madrid y el área metropolitana de Barcelona, que cubren hasta el 50% o 15.000 euros en las obras de mejora de accesibilidad en los edificios. El segundo programa es de carácter nacional y consiste en la concesión de préstamos sin ningún interés para la realización de dichas obras, pues es la mutua quien asume su pago.

Como ejemplo de buenas prácticas, la responsable del Ayuntamiento de Madrid detalló los logros conseguidos con los programas 'Adapta', para obras de adecuación de viviendas; 'Rehabilita', dirigido a la remodelación de edificios; y 'Transforma tu barrio', que busca garantizar la accesibilidad en el entorno.

Según apuntó, “tenemos el parque de viviendas más envejecido de España”. Se calcula que el 70% de los bloques de pisos de Madrid se construyeron antes de los años 80, y por ello, urge “actuar” en este terreno. Destacó que una de las novedades definitivas del plan del Ayuntamiento de la capital radica en “la prioridad que se presta a los temas de accesibilidad” de cara a la concesión de fondos Next Generation para la remodelación de edificios.

En el diseño de dichas ayudas se concedió “mucha importancia a la eficiencia energética, a la conservación y a otros criterios de sostenibilidad”, explicó, pero se dejó a un lado todo lo que tiene que ver con accesibilidad. “Nosotros hemos decidido que, si hay una persona con discapacidad en un edificio que demanda mejoras de accesibilidad, las ayudas para la remodelación no se liberarán” hasta que dichas obras sean ejecutadas. Tendrán prioridad, “serán las primeras”, subrayó Calzas.

Judith Díaz, durante la conversación en Servimedia | Foto de Jorge Villa

De hecho, el 76% de las solicitudes para edificios dentro del programa 'Rehabilita' tenían que ver con la accesibilidad. Se trata de “una demanda altísima, lo que nos indica que es una necesidad de nuestros vecinos”, valoró.

Laura López abundó en la queja sobre la escasa importancia que los fondos Next Generation otorgan a las reformas relativas a la accesibilidad. “En su día, recibimos muchas consultas de propietarios que no entendían por qué no podían beneficiarse de estos fondos", declaró.

También la Diputación de Barcelona desarrolla un programa para la adaptación de viviendas de personas mayores o con discapacidad, en colaboración con los distintos ayuntamientos. En el último año “se han llevado a cabo 1.000 actuaciones”, indicó García-Milà. El 80% del coste lo asume la Diputación y el resto los ayuntamientos concernidos.

CAMBIO DE MIRADA

Pese a ello, el experto consideró que estas ayudas resultan “claramente insuficientes” y pidió “una reflexión de país” para que la financiación se garantice “a nivel legislativo”.

Expuso el ejemplo de Suecia, donde el Estado ha invertido 7.000 millones de euros en un año para la adaptación de las viviendas de personas mayores, y el de Alemania, que por ley garantiza 4.000 euros a cada persona que así lo precise para adaptaciones en su domicilio a través de su sistema de Seguridad Social.

“Cada vez habrá más personas mayores”, y garantizarles viviendas adaptadas a sus necesidades “forma parte de la política de cuidados que debemos desarrollar para que la gente pueda residir en su domicilio el mayor tiempo posible, que al final, es lo que la gran mayoría quiere”, defendió. Por ello, resulta "muy importante que como sociedad entendamos la relevancia de garantizar viviendas asequibles y accesibles".

En este punto, García-Milà hizo una distinción entre accesibilidad, que trata de que “el mayor número de personas sin concretar puedan hacer uso de un elemento” y “las adaptaciones funcionales de una vivienda”, que buscan garantizar el uso y disfrute de un domicilio en particular a su dueño concreto.

En su opinión, “la accesibilidad no es un tema complicado”, lo que sí es difícil es asegurar “la cadena de accesibilidad”. “Si pensamos en el recorrido de una persona desde su casa al supermercado, la cadena de accesibilidad comprende disponer de una vivienda adecuada, un edificio accesible, unas calles por las que moverse sin problemas, unos transportes públicos adaptados, etc.". “Es como la cadena de la bicicleta: si falla un eslabón, se estropea todo”.

Isabel Calzas, durante el diálogo sobre accesibilidad | Foto de Jorge Villa

Laura López se refirió a un informe de la Fundación Mutua de Propietarios de 2018, según el cual sólo el 0,6% de los edificios en España cumplen con todos los requisitos de la accesibilidad universal, que tiene en cuenta también el entorno por el que se accede.

Por otro lado, lamentó que la formación sobre accesibilidad en las escuelas de arquitectura suele ser “opcional” y apostó por más sensibilización para los administradores de fincas, que al final, suponen “un elemento clave a la hora de resolver conflictos entre vecinos”.

Finalmente, Judith Díaz criticó “el desconocimiento entre vecinos y técnicos municipales que muchas veces nos encontramos”. De ahí el trabajo de Cocemfe de cara a la concienciación y sensibilización sobre accesibilidad. En su opinión, es muy importante dirigirse también a las generaciones de jóvenes, que ahora no tienen ninguna necesidad en este ámbito, para que entiendan que “la accesibilidad es lo normal”. De este modo, se exigirá de partida.