En la sexta entrega, la presidenta de la Asociación de Daño Cerebral Estatal y de la Comisión de Discapacidad Sobrevenida del Cermi Estatal, Ana Cabellos Cano, presentó la radiografía autonómica de Castilla-La Mancha, en la que “aflora una realidad incontestable”: la mayoría de sus municipios tiene menos de 500 habitantes, y solo 12 superan los 30 000.

La discapacidad sobrevenida “no está ni definida con claridad”, pero ya es la “primera causa de discapacidad en Europa”. El ictus, en concreto, “afectará a una de cada cuatro personas” menores de 25 años a lo largo de su vida, alertó Cabellos. Este fenómeno, creciente e imprevisto, encuentra en Castilla-La Mancha “un territorio especialmente vulnerable” por la “escasez de infraestructuras y la centralización urbana de los recursos”.

Cabellos denunció la falta de “rehabilitación especializada, de transporte accesible, de servicios educativos adaptados, de redes de apoyo y de formación para familiares cuidadores”: “El día a día en los pueblos es inviable. Si tienes que llevar a tu familiar a rehabilitación, a un logopeda o fisioterapeuta, te lo tienes que costear todo y desplazarte kilómetros, si tienes coche. Si no, se abandonan los tratamientos”.

Además, señaló “la fuga de profesionales de salud y educación” hacia núcleos más grandes, lo que provoca “una constante rotación de personal y un déficit de continuidad”.

La estigmatización, en entornos donde “todo el mundo se conoce”, es también más intensa, especialmente en salud mental. “Las familias, mayoritariamente mujeres, están asumiendo solas los cuidados, sin apoyos ni descansos. La falta de formación, la sobrecarga emocional y la imposibilidad de conciliar hacen que esta situación sea insostenible”, indicó.

Desde el Cermi Castilla-La Mancha se reclama “una acción política real”, coordinada y dotada de recursos para atender las necesidades de las personas con discapacidad en entornos rurales. Las principales reivindicaciones incluyen: una inversión sostenida en infraestructuras accesibles, sin aplicar criterios de rentabilidad que omiten a los pueblos pequeños; la creación de servicios itinerantes especializados con planificación estable, no como soluciones residuales o puntuales; el diseño de protocolos autonómicos y municipales que garanticen atención cercana y de calidad; y un impulso decidido a la empleabilidad y la inclusión laboral en el medio rural.

Por último, la plataforma autonómica exige “una mejora sustancial del transporte accesible”, que establezca horarios y condiciones realistas para personas con movilidad reducida o con necesidad de apoyos, y una oferta formativa específica para familias cuidadoras, con acompañamiento emocional y técnico. “No se trata de ofrecer un parche o un taller ocasional”, afirmó Ana Cabellos, “sino de construir una política multinivel que sitúe a la persona con discapacidad y su entorno familiar en el centro de la acción pública”, concluyó.