Las aportaciones se enmarcan en distintos procesos de consulta abiertos por el órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y abordan tres ámbitos estratégicos: la violencia basada en la discapacidad, la discriminación múltiple e interseccional contra las mujeres y niñas con discapacidad y la participación política y pública de este colectivo.

En relación con el borrador de directrices sobre violencia basada en la discapacidad, ambas organizaciones reclaman un mayor reconocimiento de las formas múltiples e interseccionales de violencia que afectan especialmente a mujeres y niñas con discapacidad, entre ellas la esterilización forzada, la anticoncepción coercitiva, la violencia vicaria, la violencia institucional, la violencia digital y las prácticas de control coercitivo.

Asimismo, solicitaron que las futuras directrices refuercen las obligaciones de los Estados en materia de accesibilidad universal, formación especializada de profesionales, recopilación de datos desagregados y mecanismos accesibles de denuncia, protección y reparación.

La segunda contribución se centra en la discriminación múltiple e interseccional. El Cermi y la Fundación Cermi Mujeres advirtieron de que gran parte de la legislación europea y de los marcos nacionales continúa abordando la discriminación desde una perspectiva de “eje único”, sin reconocer adecuadamente la interacción entre factores como discapacidad, género, pobreza, origen étnico, edad u orientación sexual.

Las entidades alertaron además de la persistencia de desigualdades estructurales y reclamaron mecanismos efectivos para el reconocimiento jurídico de la discriminación interseccional, sistemas accesibles de reparación y una mayor producción de datos estadísticos desagregados con participación de las organizaciones de mujeres con discapacidad.

La tercera aportación se refiere al proyecto de observación general sobre el artículo 29 de la Convención, relativo a la participación política y pública. En este ámbito, las organizaciones solicitaron “reforzar las garantías de accesibilidad electoral y de participación autónoma”, especialmente ante los riesgos de exclusión asociados a la creciente digitalización de los procesos electorales y administrativos.

Entre otras medidas, defendieron la implantación de formatos plenamente accesibles, como lectura fácil, lengua de signos, subtitulado, audiodescripción y tecnologías compatibles con productos de apoyo. También reclamaron que ningún sistema de apoyo a la toma de decisiones “pueda utilizarse para limitar o sustituir la voluntad política de una persona con discapacidad”.

Asimismo, el Cermi y la Fundación Cermi Mujeres abogaron por impulsar medidas específicas que favorezcan el liderazgo político y la representación pública de las personas con discapacidad, con especial atención a las mujeres con discapacidad, cuya presencia en los espacios de decisión continúa siendo reducida.