Según informó la Fundación Cermi Mujeres este jueves, el documento conjunto de alegaciones reclama "que la ley asegure la atención directa de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género vicaria a través de los servicios especializados en violencia de género, y no su derivación a los recursos generales de discapacidad, tal y como sucede con frecuencia en la práctica" y que "se establezcan mecanismos automáticos de protección para hijas e hijos de las víctimas —incluidos los menores con discapacidad— mediante la suspensión inmediata de visitas, comunicaciones y patria potestad del agresor cuando existan condenas o indicios fundados de violencia".

Ambas entidades subrayan en su escrito que "el nuevo texto legislativo debe incorporar de forma expresa los principios y obligaciones internacionales derivados de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) —especialmente sus artículos 2, 5, 12 y 15, así como la Recomendación General núm. 35, y la Recomendación General núm. 33, en materia de acceso de las mujeres a la justicia—, que obligan a los Estados a actuar con diligencia debida para prevenir, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres, garantizando la igualdad real y la accesibilidad universal".

La finalidad de este anteproyecto de Ley es "visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria" y para ello se modifican diversas normas: la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según informó el Ministerio de Igualdad tras aprobar el texto el Consejo de Ministros.

También contempla modificaciones en el Código Civil, en concreto del artículo 92.6 sobre el régimen de guardia y custodia, a través del cual "se establece la obligación de escuchar en todo caso a los hijas e hijos menores de edad, así como a los mayores con discapacidad, antes de acordar el régimen de guardia y custodia".

Este anteproyecto "es pionero en Europa" porque "tipifica la violencia vicaria en el Código Penal", según declaró la titular de Igualdad, Ana Redondo, tras la presentación del texto.

Entre los objetivos de este anteproyecto está "la definición jurídica de la violencia vicaria, así como establecer su tipificación como delito, articular medidas de prevención, atención y reparación de las víctimas, dar cumplimiento a medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y avanzar en el reconocimiento de la protección de las personas mayores de edad con discapacidad que se encuentran en relación de dependencia respecto a la víctima", según informó Igualdad.

MARCO JURÍDICO PROTECTOR

Sin embargo, tanto Fundación Cermi Mujeres como Alanna recordaron en un comunicado conjunto que "las mujeres con discapacidad son víctimas de múltiples y agravadas formas de violencia y que solo una respuesta específica, coordinada y accesible puede garantizar su derecho a la protección y a la reparación integral".

Ambas organizaciones insistieron en que la futura ley "debe garantizar la accesibilidad universal, los ajustes razonables y los apoyos comunicativos y personales necesarios en todos los procedimientos de denuncia, protección, enjuiciamiento y reparación, en coherencia con los artículos 6, 7, 13 y 16 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), los artículos 4.3. y 18 del Convenio de Estambul y la Directiva (UE) 2024/1385".

Por ello, FCM y Alanna instan al Gobierno y a los grupos parlamentarios a incorporar sus propuestas en la redacción final del anteproyecto de Ley Orgánica, a fin de "construir un marco jurídico inclusivo, accesible y verdaderamente protector, que garantice el derecho de todas las mujeres —especialmente las mujeres con discapacidad— y de sus hijas e hijos a vivir libres de violencia y a recibir una atención digna, especializada y efectiva".

En este sentido, reclaman también que se incluya en el texto definitivo "la prohibición expresa de la revinculación forzosa con progenitores violentos, considerada una forma de violencia institucional, y la eliminación del pseudodiagnóstico del 'Síndrome de Alienación Parental' (SAP) en cualquier procedimiento judicial o administrativo".

El documento de alegaciones incluye además "la tipificación de la violencia económica y patrimonial como delito autónomo y la derogación del artículo 268 del Código Penal, que exime de responsabilidad penal los delitos patrimoniales entre cónyuges o familiares". De igual modo, exige "la capacitación obligatoria y continua del personal judicial, forense, policial, sanitario y social en materia de violencia de género, discapacidad y derechos humanos".

“La nueva ley debe reconocer que las mujeres con discapacidad son víctimas de una violencia agravada y estructural, y que su atención debe prestarse desde los servicios especializados en violencia de género, no desde la asistencia general a la discapacidad”, señaló Fundación Cermi Mujeres.

Por su parte, Asociación Alanna destacó que “proteger a las mujeres con discapacidad y a sus hijas e hijos es una obligación jurídica y moral del Estado; la igualdad no puede depender de las capacidades de cada víctima”.

Las alegaciones de ambas entidades se apoyan "en la Cedaw, la CDPD, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el Convenio de Estambul y la Directiva (UE) 2024/1385, todos ellos instrumentos jurídicamente vinculantes para España", según comunicó Fundación Cermi Mujeres.