Así se puso de manifiesto durante la segunda parte de la IX Conferencia Sectorial de la Fundación Cermi Mujeres, celebrada en la sede del Imserso bajo el título ‘Cómo avanzar en las políticas públicas de cuidados y apoyos desde una perspectiva de género, discapacidad, infancia y familias’.

Durante la jornada, la entidad defendió la necesidad de “avanzar hacia políticas corresponsables” que garanticen la autonomía de las personas con discapacidad, reconozcan el trabajo de cuidados y acompañen a quienes lo sostienen, especialmente las mujeres.

En la mesa ‘Cuidadoras sin relevo. Reflexiones de vida de madres de niños y niñas con discapacidad para la mejora de la política pública’, Mari Carmen La Osa Exojo y Marta Iglesias Vela, integrantes del grupo ‘Cuidadoras sin relevo’ de Fundación Cermi Mujeres, reclamaron más apoyos en ámbitos como educación, sanidad, conciliación, asistencia personal y respiro familiar.

La Osa denunció las barreras existentes en el sistema educativo y lamentó que muchas madres sigan “supliendo la falta de recursos” en los centros escolares. “Ya vale de poquito a poquito”, afirmó, al reclamar medidas efectivas para el alumnado con discapacidad y sus familias.

Por su parte, Iglesias subrayó el impacto que la falta de apoyos tiene sobre las familias, especialmente sobre las madres, que continúan asumiendo mayoritariamente las tareas de cuidado. Asimismo, defendió la necesidad de recursos personalizados, incluida la asistencia personal, para favorecer la autonomía y la participación comunitaria de niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

La conferencia acogió también la entrega del Premio de Investigación Generosidad 2025 a la psicóloga e investigadora social Carola López Moya por su trabajo ‘Infancia y discapacidad. Duelo, lucha y resiliencia de las familias’, centrado en el impacto emocional, social y familiar de la discapacidad en la infancia.

Durante su intervención, López Moya aseguró que su investigación pretende dejar constancia de una realidad “que no puede seguir siendo ignorada” y afirmó que busca servir “para que nadie pueda decir que esto no está pasando”.

En el bloque dedicado al análisis de las políticas públicas de cuidados y apoyos, la experta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y directora técnica de Relaciones Internacionales de la ONCE, Natalia Guala, defendió que las políticas públicas deben incorporar no solo los cuidados, sino también los apoyos necesarios para “garantizar derechos y autonomía”.

Guala advirtió de que “una agenda de cuidados que no incorpore los apoyos” puede reforzar una visión asistencial de la discapacidad y reclamó reconocer a las personas con discapacidad como “sujetos de derechos, con derecho a cuidar, recibir cuidados y autocuidarse”.

Por su parte, la experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas Yamila González Ferrer reclamó transformar las políticas de cuidados desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género, al tiempo que denunció que “las mujeres continúan siendo las principales proveedoras de cuidados no remunerados, con consecuencias en su autonomía económica, salud y participación social”.

Asimismo, Ignacio Campoy, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y candidato de España al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, defendió que la desinstitucionalización debe ir acompañada de “apoyos reales a las familias y recursos suficientes” para evitar separaciones familiares innecesarias, especialmente en el caso de menores con discapacidad y grandes necesidades de apoyo.

En la clausura de la jornada, la Fundación Cermi Mujeres insistió en que los cuidados y apoyos deben “asumirse como una responsabilidad pública y compartida”, con financiación suficiente para garantizar tanto la autonomía de las personas con discapacidad como los derechos de quienes cuidan.