Así lo indicó el delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Gregorio Saravia, en una entrevista concedida a Servimedia.

Saravia defendió que las necesidades de las personas con discapacidad dejen de abordarse como un aspecto secundario durante las emergencias y pasen a formar parte de la planificación desde el primer momento.

En relación con el incendio de Los Gallardos (Almería), Saravia trasladó la solidaridad del movimiento asociativo de la discapacidad con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas, al tiempo que reconoció el trabajo realizado por los servicios de extinción, emergencias, seguridad, sanidad, protección civil y voluntariado.

No obstante, advirtió de que todavía “no existe un balance suficientemente desagregado que permita determinar qué incidencias afectaron específicamente a las personas con discapacidad”, una ausencia de información que, a su juicio, impide “conocer con precisión el impacto real de la emergencia” sobre este colectivo.

NADIE DEBE QUEDAR ATRÁS

Por ello, defendió que la evaluación posterior deberá analizar si “las alertas llegaron a todas las personas de manera comprensible”, si se identificó y asistió adecuadamente a quienes vivían solos, estaban institucionalizados o necesitaban electricidad, medicación o apoyos continuados, si hubo transporte adaptado y rutas accesibles y si los espacios de acogida reunían condiciones adecuadas para responder a las diferentes necesidades funcionales.

En este contexto, sostuvo que “la calidad de la gestión no debe medirse únicamente por el número de medios movilizados, sino también por la capacidad de proteger a quienes encontraban mayores barreras”, motivo por el que el Cermi reclama una evaluación pública, accesible y participativa, con indicadores de discapacidad, edad y género, que permita identificar errores y trasladar las lecciones aprendidas a los futuros planes de protección civil.

LA ACCESIBILIDAD, DESDE EL INICIO

Saravia aseguró que la principal lección que han dejado los incendios, la dana de Valencia, la pandemia de Covid-19 y el apagón eléctrico registrado en abril del año pasado es que “la accesibilidad no puede improvisarse”. En este sentido, defendió que la discapacidad debe estar presente desde el inicio en los mapas de riesgos, los planes de protección civil, los protocolos de evacuación, la formación de los equipos de emergencia y los simulacros.

Asimismo, insistió en que las alertas deben difundirse de forma simultánea mediante distintos formatos accesibles: sonido, texto, señales visuales, vibración, lengua de signos, subtitulado, lectura fácil y pictogramas, para garantizar que “toda la población reciba y comprenda la información”. Del mismo modo, reclamó rutas de evacuación libres de barreras, transporte adaptado, asistencia suficiente y espacios de acogida accesibles, con aseos adaptados, puntos de recarga eléctrica, atención sanitaria y psicosocial y zonas tranquilas para quienes requieran apoyos específicos.

El delegado del Cermi recalcó además que toda planificación debe realizarse “con la participación directa de las personas con discapacidad y de sus organizaciones representativas”, adoptando un enfoque basado en las necesidades funcionales de cada persona y no únicamente en diagnósticos o categorías generales.

Respecto al protocolo estatal de comunicación y atención a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia, aprobado por el Consejo Nacional de Protección Civil y Emergencias en noviembre de 2025, Saravia valoró que supone “una referencia estatal común” para la gestión de este tipo de situaciones.

Según explicó, el protocolo armoniza la actuación de los servicios de emergencia y contempla toda la cadena de respuesta, desde la comunicación con el 112 hasta la evacuación y la atención posterior.

OBLIGACIÓN JURÍDICA

No obstante, advirtió de que su implantación “no puede darse todavía por culminada” y reclamó calendarios públicos, financiación suficiente, formación continuada de los profesionales, simulacros inclusivos, indicadores de cumplimiento y una evaluación homogénea en todas las comunidades autónomas. A su juicio, “la aplicación no puede depender del código postal”, sino que todas las personas con discapacidad deben disfrutar del mismo nivel de protección con independencia del territorio en el que residan.

Saravia recordó además que una alerta enviada “no es necesariamente una alerta recibida y comprendida”, por lo que defendió sistemas de comunicación bidireccionales que permitan a las personas recibir instrucciones y contactar con el 112 mediante voz, texto, vídeo u otros canales accesibles. También consideró imprescindible que las evacuaciones preserven la unidad familiar, la asistencia personal, la medicación, los productos de apoyo y los animales de asistencia.

Finalmente, apeló a las administraciones para que asuman que proteger a las personas con discapacidad durante una emergencia “no es una opción, una actuación asistencial ni una muestra de buena voluntad”, sino “una obligación jurídica” derivada de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y del artículo 49 de la Constitución. “En una emergencia no puede haber vidas de primera y de segunda”, concluyó.