Esta petición se enmarca en el proceso de revisión del Reglamento General de Exención por Categorías, que permite a los Estados miembros conceder determinadas ayudas públicas sin necesidad de autorización previa de la Comisión Europea cuando cumplen ciertos requisitos, entre ellas las dirigidas al empleo de trabajadores desfavorecidos y de personas con discapacidad.

En sus aportaciones, el Cermi sostuvo que la normativa europea debe incorporar “un enfoque más ambicioso de inclusión social y laboral”, facilitando que los poderes públicos puedan desplegar medidas de apoyo más intensas y flexibles orientadas a la contratación, el mantenimiento en el empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad.

La plataforma representativa de la discapacidad advirtió de que, aunque el actual marco ya contempla determinadas ayudas compatibles con el mercado interior, en la práctica “resulta en ocasiones demasiado restrictivo para responder a las necesidades específicas de este grupo social”, que continúa registrando tasas de actividad y empleo “significativamente inferiores a las del resto de la población”.

Por ello, planteó que una mayor amplitud en las exenciones permitiría “reforzar instrumentos como los incentivos a la contratación, las ayudas al empleo con apoyo, la compensación de costes adicionales asociados a la discapacidad o la adaptación de los puestos de trabajo” y entornos laborales.

El Cermi subrayó además que el impulso de políticas de empleo inclusivo no solo responde a objetivos sociales y de derechos humanos, sino que también “contribuye a una economía más productiva y sostenible”, al incorporar al mercado laboral el talento y las capacidades de las personas con discapacidad.

En este contexto, la plataforma representativa de la discapacidad en España instó a la Comisión Europea a “aprovechar la revisión del reglamento para introducir mayor flexibilidad en las excepciones relativas al empleo de personas con discapacidad”, de modo que las políticas públicas puedan desplegar todo su potencial como “herramienta de inclusión laboral y cohesión social”.