Así se puso de manifiesto en una nueva edición de ‘Palestra’, el ciclo de conferencias del Cermi, protagonizada por la presidenta de HelpAge España, Isabel Martínez Lozano, y presentada por el delegado de Derechos Humanos y Convención del Cermi Estatal, Gregorio Saravia.

Durante la apertura del encuentro, Saravia advirtió de que las personas mayores con discapacidad sufren “una doble discriminación por razón de edad y discapacidad” y defendió que sus derechos y necesidades ocupen un lugar central en el futuro tratado internacional, ante las carencias de los actuales instrumentos de protección de derechos humanos.

Por su parte, Martínez Lozano defendió que la futura Convención debe garantizar que “la edad no limite la libertad, la autonomía ni la capacidad de decisión de las personas”. En este sentido, alertó de que el aumento de la esperanza de vida no se traduce necesariamente en un mayor ejercicio de derechos y advirtió del fortalecimiento del edadismo a medida que envejece la población.

La presidenta de HelpAge España recordó que la reivindicación de una Convención específica acumula más de dos décadas de trabajo y destacó que el proceso impulsado por Naciones Unidas ha entrado ya en la fase de elaboración de los primeros textos, tras constatar las lagunas existentes en la protección jurídica de las personas mayores.

Asimismo, reclamó que el futuro tratado tenga “carácter vinculante” e incluya derechos relacionados con la protección social, la salud, el empleo, la educación permanente, la vivienda, la accesibilidad tecnológica y la participación social y política, además de establecer un mecanismo internacional de supervisión que permita evaluar el cumplimiento de los compromisos por parte de los Estados.

Martínez Lozano defendió también que la discapacidad sea “un eje transversal” de la Convención desde un enfoque de ciclo vital y de discriminación interseccional, tomando como referencia la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en ámbitos como la accesibilidad, la igualdad, la autonomía personal, la vida independiente y la participación política.

Además, abogó por “un proceso participativo que incorpore la voz de las personas mayores con discapacidad, las mujeres mayores, quienes viven en el medio rural y las personas con mayores necesidades de apoyo”. “El cuidado es un derecho y vivir con los apoyos que necesitamos es un derecho”, afirmó.

El Cermi consideró que la futura Convención constituye “una oportunidad para combatir el edadismo y garantizar que ninguna persona vea limitados sus derechos, su libertad o su autonomía” por razón de edad. En este sentido, Martínez Lozano concluyó que “nuestro proyecto vital no tiene fecha de caducidad”.