La organización recuerda que esta norma, fruto de décadas de lucha del movimiento asociativo, marcó un hito en el reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de esta comunidad. “El 23 de octubre de 2007 cambió para siempre la historia de nuestra comunidad”, señaló el presidente de la CNSE, Roberto Suárez, al destacar que aquel día el Estado reconoció la lengua de signos como parte del patrimonio común.

Durante estos 18 años, la Ley 27/2007 consolidó el marco legal en favor de la población sorda, aunque, según la CNSE, su aplicación efectiva precisó de normas específicas como el Real Decreto 674/2023, que fijó las condiciones básicas para garantizar el uso de la lengua de signos en todo el Estado. Este avance fue calificado como “un paso decisivo” por Suárez, quien insistió en que “ahora toca pasar de las palabras a la acción”.

No obstante, la CNSE advirtió de que la igualdad en el acceso a la comunicación aún está lejos de ser una realidad. Persisten grandes desigualdades territoriales en la implantación de servicios y recursos, lo que genera inequidades entre comunidades autónomas. A esta situación se suma la falta de financiación estable, ya que muchos programas dependen de subvenciones temporales que dificultan su continuidad. “El texto legal es claro, pero la realidad no lo es tanto”, alertó el presidente, quien denunció que el derecho a comunicarse en lengua de signos sigue sin estar garantizado en todo el país.

Entre los principales retos, la CNSE señaló la escasez de intérpretes cualificados y la ausencia de planes formativos oficiales, lo que limita la accesibilidad en ámbitos esenciales. También denunció carencias en el sistema educativo, donde aún no se garantiza una educación bilingüe de calidad con suficiente profesorado sordo signante, según indicó la entidad.

La organización denunció además la falta de coordinación institucional entre ministerios, comunidades autónomas y entidades locales, "lo que retrasa la aplicación efectiva de la ley". Por ello, instó a las administraciones públicas a reforzar los recursos, garantizar la financiación y promover políticas transversales de accesibilidad comunicativa. “Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que hace 18 años: que todas las personas sordas podamos comunicarnos, decidir y vivir en libertad”, concluyó el presidente de la CNSE al reclamar voluntad política y compromiso institucional firme.