Díaz hizo estas declaraciones en un encuentro organizado por la Fundación Mutua de Propietarios y la agencia de noticias Servimedia, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra el 3 de diciembre.

Con el título 'Los retos de la Accesibilidad en el edificio', en el encuentro también participaron Laura López Demarbre, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Mutua de Propietarios; Isabel Calzas Hernández, directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración del Ayuntamiento de Madrid, y Xavier Garcia-Milà, integrante del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad de la Generalitat de Cataluña.

Según Díaz, es urgente reformar la Ley de Propiedad Horizontal, que data de los años 60, y “suprimir el límite de 12 mensualidades de la cuota habitual por gastos comunes” de cara a la realización de obras de mejora de la accesibilidad.

Por debajo de dicho límite, los vecinos están obligados a asumir los costes, pero si se supera, el pago no se puede imponer, explicó. El problema, dijo, es que en muchas comunidades resulta “muy complicado llegar a acuerdos” y estas obras nunca se ejecutan, lamentó Díaz.

Debido a ello, 1,8 millones de personas en España necesitan la ayuda de otros para salir de sus casas y se estima que unas 100.000 no pueden hacerlo nunca. Por este motivo, Cocemfe ha lanzado la campaña ‘#UnaCasaDeLaQuePoderSalir’, dirigida a exigir a los poderes públicos que garanticen el derecho a la vivienda y a la autonomía de las personas con discapacidad.

En concreto, pide que las obras de accesibilidad sean siempre obligatorias en aquellos edificios donde viva una persona con discapacidad o mayor de 70 años. Su mensaje central subraya que “una casa de la que no puedes salir es una vida que no puedes vivir” y denuncia “la situación de confinamiento forzoso” que viven miles de personas con discapacidad en España.

Se ilustra con un ascensor, como elemento y símbolo de accesibilidad en los edificios, pues esta instalación es el tipo de reforma que más habitualmente se necesita y que queda “imposibilitada por el presupuesto que implica y por la falta de empatía de los vecinos y de voluntad política”.

OPORTUNIDAD PERDIDA

En opinión de la experta, hay tres condiciones que todas las viviendas deberían reunir: ser accesibles, asequibles e inclusivas, con lo que calificó la reciente Ley de Vivienda de “oportunidad perdida” en este terreno. Considera que la norma renunció a reformar la Ley de Propiedad Horizontal y tampoco garantizó la exigencia de accesibilidad en todos los edificios, ni incidió en otras condiciones, cuya responsabilidad quedó “diluida en los ayuntamientos”.

“En Cocemfe creemos además que los gastos para mejorar la accesibilidad no deben de ser asumidos por las comunidades de vecinos”, y exigió más ayudas públicas para garantizar este derecho universal.

De hecho, la confederación propone la creación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal, a través del cual el 1% de los Presupuestos Generales del Estado se destine a inversiones en obras públicas e infraestructuras y a nuevas tecnologías y sociedad de la información para garantizar estos requisitos.