En defensa de la iniciativa, la portavoz socialista, Inés Plaza, aseveró que la propuesta “habla de algo tan sencillo como garantizar que un derecho llegue cuanto antes, cuando todavía sirve para algo”. “Demasiadas veces lo que debería ser una herramienta para proteger termina convirtiéndose en un laberinto administrativo que desespera a las familias, que deja a las personas en situación de dependencia esperando durante meses e incluso años algo que necesitan de manera urgente”, subrayó.

A este respecto, reivindicó que la iniciativa pretendía “agilizar” los procedimientos, establecer mecanismos “de urgencia” en situaciones de “especial vulnerabilidad”, revisar los apoyos “con mayor rapidez” para que se “adapten” a las “necesidades” y a la “realidad” de las personas “cuando esta realidad va cambiando” y lo hace “muy deprisa”.

PP

En este contexto, estimó que “no es justo lo que están viviendo miles de personas en situación de dependencia en comunidades gobernadas por el Partido Popular”, entre las que mencionó a Andalucía y Madrid.

“En demasiadas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ocurre esto, ocurre que la ayuda llega tarde o a veces ni siquiera llega. Y no es justo que un derecho que está reconocido por ley, por una ley estatal, termine dependiendo del código postal en el que viva la persona”, denunció.

A su entender, “no es justo que haya territorios donde el sistema funciona razonablemente y otros territorios donde la persona tenga que esperar casi dos años y medio para recibir una ayuda básica y tampoco es justo escuchar continuamente excusas mientras las familias se mantienen solas en situaciones imposibles”.

“Hay un modelo que entiende que fortalecer el sistema público de dependencia es una prioridad, que impulsa reformas, incrementa financiación, trata de reducir burocracia para que las ayudas lleguen cuanto antes y hay otro modelo que, en demasiadas ocasiones, normaliza la espera”, lamentó, consciente de que una persona dependiente “no vive en pausa mientras la administración resuelve el expediente”.

ENMIENDA PP

En defensa de la enmienda presentada por el PP, que fue rechazada, la diputada Violante Tomás Olivares admitió que estas propuestas son “en su mayoría positivas y orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas”, si bien también “todas ellas ya aparecen recogidas de una u otra forma” en el proyecto de ley de reforma de la ley de discapacidad y dependencia.

Tras afirmar que se trata “sin duda” de “avances necesarios” que “responden” a “demandas sociales ampliamente compartidas y que buscan reforzar un sistema que resulta esencial para miles de familias”. “Sin embargo, el debate de fondo no reside tanto en el contenido de estas medidas, que en general concitan consenso, como en la viabilidad real de su aplicación”, advirtió.

“Para que todas las medidas contempladas en esta proposición no de ley sean efectivas y no queden reducidas a un mero ejercicio teórico simbólico resulta imprescindible acompañarlas de una financiación adecuada que siempre se les olvida”, espetó a los socialistas, al tiempo que reivindicó la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado “que incorporen de manera realista las partidas necesarias”.

Junto a ello, consideró que “no basta” con una asignación “puntual” de recursos, sino que se requiere una memoria de sostenibilidad financiera que “garantice la viabilidad del sistema a medio y largo plazo, evitando así situaciones de incertidumbre o infrafinanciación en el futuro”.

“La postura del grupo parlamentario popular se puede resumir de forma clara: sí a las medidas que contribuyan a mejorar la vida de las personas, pero no a su aprobación al margen de un marco presupuestario sólido y responsable”.

SUMAR Y VOX

Según su punto de vista, aprobar iniciativas sin dotación económica “suficiente”, no solo “genera expectativas que pueden verse frustradas”, sino que “también puede trasladar una presión injusta a las comunidades autónomas ya de por sí colapsadas y con falta de recursos”, con el riesgo de convertirse “en una herramienta de presión hacia las comunidades en lugar de una solución real al problema”.

En el turno de fijación de posiciones, por Sumar Júlia Boada señaló que su grupo “coincide plenamente” con esta PNL en el diagnóstico y en los objetivos, que, a su entender, “van plenamente alineados, de hecho”, con el proyecto de ley de reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.

Desde Vox, Tomás Fernández Ríos recordó que el PSOE “gobierna y puede, perfectamente, desarrollar reglamentos, organizar la administración o aprobar medidas ejecutivas”, convencido de que esta iniciativa “encaja perfectamente en los requisitos para que sea tramitado como real decreto”.

“Los españoles tienen muy claro que para el Partido Socialista la ley de dependencia y sus usuarios no son una urgencia”, denunció, convencido de que lo llevó a comisión “un poco para cubrir el expediente”.