Según informó este viernes el Cermi, la iniciativa cuenta con el asesoramiento jurídico del despacho especializado Regula Abogados y corresponde a la reclamación colectiva nº 246/2025 presentada ante el CEDS del Consejo de Europa.

La decisión, adoptada por unanimidad el 15 de octubre de 2025 durante la 351ª sesión del Comité, declara admisible la queja presentada. "La reclamación sostiene que el Estado español no ha adoptado medidas legislativas, administrativas y financieras efectivas y coordinadas para garantizar la accesibilidad universal de las viviendas, especialmente en los edificios residenciales ya existentes sujetos a la Ley de Propiedad Horizontal, lo que constituye una forma de discriminación indirecta hacia las personas con discapacidad, las personas mayores y quienes viven o están en riesgo de pobreza y exclusión social", expuso el comité.

Según el Cermi, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha considerado que la reclamación cumple todos los requisitos formales previstos en el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, confirmando la legitimación del EDF para presentar la queja y reconociendo la representación legal de Javier Pérez Fernández e Inés Falquina Gómez, de Regula Abogados, en calidad de asesores jurídicos de la organización reclamante.

Con esta decisión, el comité invita al Gobierno de España a presentar sus alegaciones sobre el fondo antes del 15 de diciembre de 2025, y posteriormente permitirá al EDF responder a dichas observaciones. "La resolución final sobre el fondo determinará si España ha incumplido los artículos 15, 16, 23, 30, 31 y E de la Carta Social Europea Revisada, relativos al derecho a la accesibilidad, la protección de la familia, la protección de las personas mayores, la lucha contra la exclusión social y el derecho a la vivienda, así como al principio de no discriminación", remarcó el Cermi.