Elaborada a partir de 1080 entrevistas válidas a mujeres con discapacidad, la investigación apunta también que el 26% de las entrevistadas fueron víctimas de violencia obstétrica.

Preguntadas por los embarazos, el 26% de las encuestadas afirmó haber sufrido violencia a manos de sus cuidadores, un 25% la experimentó a manos de su pareja y el 14% por parte de los profesionales sanitarios.

La investigación analiza la prevalencia de la violencia física, sexual, psicológica (emocional y de control), obstétrica, económica y estructural en las mujeres con discapacidad, y apunta a una prevalencia mayor en todos los casos respecto a la población femenina en general, que aumenta según el grado y por tipos de discapacidad.

Según sus resultados, el 20% de las encuestadas ha sufrido violencia física, y el 15,2%, violencia sexual. El 39,5% ha vivido violencia psicológica; el 39,3%, violencia estructural; y el 10,5% ha padecido violencia económica.

En cuanto a quiénes ejercen la violencia, el 26% de las víctimas de violencia física señalaron a sus cuidadores o cuidadoras; el 22% a sus parejas; el 20% acusaron a sus familiares; el 17% a personas desconocidas; y el 15% afirmó que procedía de los profesionales sanitarios.

DISCRIMINACIÓN

Por otro lado, el trabajo revela que el 47% de las encuestadas ha sentido discriminación “alguna vez” en su vida; el 5% la vive “de forma constante”, y el 19% la experimenta con frecuencia. Solo el 20% de la muestra afirma que nunca ha sido discriminada.

Presentado por la exsecretaria de Estado de Igualdad y experta en consultoría de género, Laura Seara, el estudio también revela que el 54% de las mujeres con discapacidad que se sintieron discriminadas vivieron esta experiencia en el ámbito educativo. Un 59% experimentó discriminación en su entorno laboral, y el 54,4% en espacios de ocio y tiempo libre.

Además, el 79% presentó algún tipo de denuncia o queja por estos motivos. El 20% lo hizo ante instituciones estatales; el 11% denunció en instancias autonómicas; el 12%, ante administraciones locales; y el 20% se remitió a entidades de personas con discapacidad.