Así cerró su intervención en el Pleno de la Cámara Baja para presentar el Informe 2025 de la institución que encabeza. Durante su discurso, Gabilondo puso en valor el Informe anual de la institución asegurando que “no es aséptico, está imbuido de la coyuntura actual reflejada a través de las quejas de aquellos ciudadanos que, a pesar del desasosiego y de situaciones difíciles, confían en las instituciones, y en este caso en el Defensor del Pueblo, para hallar respuestas con las que paliar situaciones injustas o inapropiadas”.

También señaló que hay problemas como las dilaciones judiciales; las homologaciones de las titulaciones de los estudios extranjeros; las listas de espera sanitarias; la atención al ciudadano a través de citas previas; los retrasos en los expedientes de nacionalidad, o la falta de personal sanitario en los centros penitenciarios que persisten en el tiempo.

En 2025, la institución tramitó 38.762 expedientes, de los que 38.144 fueron quejas, 253 actuaciones de oficio y 365 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, se atendió personalmente a 44.278 ciudadanos: 42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de una forma presencial. También se formularon 2.059 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. En concreto, 721 fueron recomendaciones, 788 sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales.

El mayor número de quejas llegó de las comunidades autónomas más pobladas, entre ellas, la Comunidad de Madrid (8.766), Andalucía (4.374), Cataluña (3.702) y la Comunidad Valenciana (3.458). Y los asuntos más recurrentes estuvieron relacionados con Administración de la Justicia, Sanidad y Política Social, Seguridad Social y Empleo, Migraciones, Asuntos de Interior y Educación.

Según destacó Gabilondo, el Informe incluye asuntos relevantes que tienen que ver, entre otros, con la protección de los menores; el apoyo a las personas mayores; los inconvenientes que se encuentran los solicitantes de protección internacional tras la reforma del Reglamento de Extranjería; el trato desigual que sigue sufriendo la comunidad gitana; cuestiones relacionadas con la valoración del grado de discapacidad, o por las dificultades de su acceso al empleo público; la trata de seres humanos con fines de explotación laboral; cuestiones relacionadas con Educación; con el medio ambiente, o con las devoluciones en el IRFP a mutualistas.

En materia de Justicia, Ángel Gabilondo resaltó que las dilaciones judiciales preocupan especialmente a la ciudadanía y por ello, aboga por “mayor estabilidad de personal y mecanismos procesales para mejorar la capacidad de resolución”.

Respecto a la labor de supervisión de los centros penitenciarios, el Defensor del Pueblo llamó la atención ante la grave situación de la atención sanitaria en las prisiones. En este sentido, explicó que en 2025 se ha solicitado información sobre la cobertura de la dotación de personal facultativo en los 15 centros con más población reclusa y se ha constatado la insuficiencia de médicos.

CALOR EN COLEGIOS

Acerca de Educación, Ángel Gabilondo aseguró que persisten las quejas por temperaturas extremas en las aulas escolares. Por este motivo, la institución ha reabierto las actuaciones por la falta de acondicionamiento de los centros. El Defensor del Pueblo también pidió a las administraciones que dimensionen adecuadamente la figura del coordinador de bienestar que creó la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, para actuar en relación con el acoso escolar.

En cuanto a las políticas sociales, además de los retrasos para la valoración del grado de discapacidad, recordó los problemas relacionados con el retraso en el reconocimiento de la dependencia, lo que impide el acceso a tiempo a las prestaciones y servicios que necesitan quienes ya han perdido su autonomía personal.

Además se refirió al informe 'Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados presentado en 2025', en el que se considera que hay que trabajar para la plena integración de toda la infancia extranjera que está en España, tanto aquella que se encuentra junto a sus progenitores como aquella que ha realizado su periplo migratorio sin referentes adultos. El Defensor subrayó que muchas administraciones ya han contestado "pero hay cuestiones relativas a la asistencia sanitaria, la educación y la documentación que siguen sin estar solucionadas", por lo que han solicitado "más información”.

Sobre vivienda, indicó que las quejas recibidas durante 2025 constatan las dificultades de acceso a la vivienda en compra y alquiler. Así, remarcó que en este ejercicio volvió a trasladar a los actores con competencia en la materia “la necesidad de incrementar la oferta de viviendas en nuestro país y la imperiosa necesidad de incrementar de manera significativa el parque de vivienda pública y protegida de precio limitado destinado al alquiler”.