Así lo recoge el informe anual de actividades que la institución dirigida por Ángel Gabilondo presentó este lunes en el Congreso de los Diputados, y que en materia educativa pone el foco en la necesidad de "compensar las desigualdades" y "potenciar la equidad" en la educación como recoge la Constitución.

"La generalizada falta de comedor escolar en los institutos de Secundaria no atiende debidamente, a juicio del Defensor del Pueblo, las necesidades del alumnado de los primeros ciclos de la Educación Secundaria Obligatoria y constituye un problema especialmente gravoso en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales", se lee en el texto.

El Defensor del Pueblo considera que existen razones educativas, de protección, salud y conciliación para profundizar en la prestación del servicio de comedor en los centros de educación primaria y secundaria. Especialmente, hay que garantizar el acceso a este servicio para los alumnos con necesidades educativas especiales, y combatir las situaciones de malnutrición infantil", asegura el informe.

AYUDAS NECESARIAS

Para la institución, un "pilar fundamental" para esa equidad es propiciar las ayudas necesarias para que todos los estudiantes puedan alimentarse convenientemente, las familias puedan avanzar en la conciliación y se reduzca la pobreza infantil. Las peticiones de Gabilondo también se extienden en facilitar el acceso al transporte escolar y las plazas de Formación Profesional.

El Defensor propone a las administraciones que incrementen "la financiación y cobertura de las becas de comedor escolar; la extensión del servicio de comedor a centros infantiles, de educación primaria, secundaria y postobligatoria, priorizando los centros de especial complejidad; mejorar la implementación del programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche; el acceso a una alimentación saludable a las familias en situación de vulnerabilidad, y el desarrollo de programas de desayunos escolares, especialmente en los centros con mayor concentración de alumnado en situación de vulnerabilidad".

El informe se hace eco de que el Defensor ha conocido casos en los que hay alumnos que "por la situación laboral de sus padres se ven obligados a comer solos en su casa y que debido a su corta edad o su discapacidad no cuentan con la autonomía para realizar esta actividad en condiciones adecuadas. En estos supuestos, el Defensor del Pueblo entiende que las administraciones deben realizar el esfuerzo organizativo necesario para procurar que estos alumnos puedan continuar manteniendo el servicio de comedor del que han disfrutado mientras han cursado la educaciónprimaria, y así se ha trasladado a las administraciones concernidas".

NO AFRONTAR PAGOS

Así, la mayoría de las quejas recibidas en el Defensor del Pueblo en este sentido se refirieron en 2022 a familias que no pueden hacer frente al pago del precio de este servicio complementario y que ronda los 100 euros mensuales por alumno y los 150 euros en los centros concertados, y no han podido obtener una ayuda pública, al no cumplir con los requisitos económicos exigidos.

El documento subraya que en España sólo un 44,8% del alumnado utiliza los servicios de comedor escolar en los centros públicos de educación primaria; que las regiones con menor renta son las que registran una menor asistencia y que la utilización del servicio desciende a medida que la situación económica de las familias empeora.

Desde el punto de vista de la alimentación saludable, según el informe, todos los estudios consultados revelan que a rentas más bajas les corresponde un mayor índice de obesidad. "En 2022, la prevalencia de la obesidad infantil, se duplicó en los niños y adolescentes en hogares con niveles más bajos de renta con respecto a los que viven en hogares con más recursos en el curso 2019-2020 las ayudas, subvenciones o bonificaciones sobre el precio público del comedor escolar solo alcanzaron al 11,7% del alumnado de educación infantil, primaria y secundaria, y no en todos los casos se obtuvo la totalidad de la ayuda".

Por otra parte, Gabilondo considera "especialmente exigible" el esfuerzo de las administraciones educativas de ofrecer a los alumnos que vayan a cursar la formación profesional básica "el acceso a títulos del ámbito profesional en el que desean desenvolverse, por ser esta su opción educativa, como medida necesaria para facilitar su permanencia en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional".