“Con la oposición de España, Alemania, Portugal y Eslovenia, además de la abstención de Estonia y Austria, el Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía de la Unión Europea ha aprobado una propuesta de modificación de los reglamentos que regulan los derechos y obligaciones de pasajeros y aerolíneas”, explicó el secretario general de la organización, Rubén Sánchez, en rueda de prensa.

Tras puntualizar que el “lobby aéreo” necesitaba los votos favorables de Estados que representaran como mínimo al 65% de la población y, tras fracasar la semana pasada, criticó que “lo ha logrado por solo seis décimas (65,57%)”.

“Ahora tienen la palabra los europarlamentarios. En el plazo de tres meses, el Parlamento Europeo votará las modificaciones y las enmiendas que presenten los grupos”, abundó, al tiempo que advirtió de que los parlamentarios europeos que voten a favor de estos “recortes” de derechos de los pasajeros “estarán dejando claro que sirven a los intereses de las compañías aéreas y no de los ciudadanos”.

Con respecto a los cambios que se introducirían en varios reglamentos europeos, fundamentalmente el Reglamento 261/2004, si las aerolíneas consiguen que la Eurocámara los apruebe por mayoría absoluta, refirió, en primer lugar, que el recargo por viajar con equipaje de mano “sería legal”.

EQUIPAJE DE MANO

“Así, establecería un tipo de equipaje de mano sin coste adicional, el que cabe debajo de los asientos, permitiendo cobrar por el que va en los compartimentos superiores”, explicó, al tiempo que indicó que esta medida “rompería” con lo establecido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 18 de septiembre de 2014.

Facua recordó en este sentido que el lobby aéreo “viene defendiendo que el recargo ya es legal, pero este intento de modificar la normativa pone de manifiesto una vez más que no es así”.

“Y es que en los últimos años el sector se ha encontrado con más de 60 sentencias judiciales en contra en España y una multa histórica de 179 millones de euros contra cinco aerolíneas impuesta el año pasado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030”, apostilló.

A su vez, deslizó que los pasajeros “dejarán de tener derecho a compensaciones si el vuelo llega con tres horas de retraso” e hizo hincapié en que el TJUE resolvió que la llegada a destino más de tres horas tarde “daba derecho a compensaciones de entre 250 y 600 euros en función de la distancia del trayecto”.

COMPENSACIONES POR RETRASO

“Con la modificación del reglamento que persigue el lobby de las aerolíneas, solo existiría este derecho si el vuelo llega más de cuatro horas tarde en trayectos de menos de 3.500 kilómetros (300 euros) o más de seis horas en el resto de casos (reduciendo además la compensación a 500 euros)”, prosiguió.

En paralelo, afeó que el cambio “legalizaría” el recargo por reservar un asiento contiguo para el acompañante de un pasajero con movilidad reducida y estimó que las multas impuestas en España por el departamento de Pablo Bustinduy “también han llevado al sector aéreo a presionar a los Estados miembro para lograr que estas prácticas pasen a ser legales en toda la UE”.

“En nuestro país, la medida es contraria a la ley general de defensa de los consumidores al representar una discriminación para los consumidores vulnerables. La reforma del reglamento implicaría que las aerolíneas solo tendrían la obligación de facilitar de forma gratuita la ubicación del acompañante en el asiento contiguo en el momento de la facturación si hay disponibilidad de asientos”, denunció.

Asimismo, avanzó que las aerolíneas también podrían cobrar por rectificar errores en los datos personales, otro cargo “ilegal”, según la Agencia Española de Protección de Datos, al entender que “vulnera” uno de los cuatro principales derechos que tienen los usuarios en materia de tratamiento de sus datos.

“La modificación del reglamento permitiría aplicar un recargo por rectificar un dato personal en las 48 horas previas a un vuelo”, confirmó Facua, al tiempo que rechazó también que se permitiría a las compañías anular el billete de vuelta si el pasajero no puede presentarse en el vuelo de ida, una práctica, destacó, “en la que ya incurren las aerolíneas pero sobre cuya ilegalidad se pronunció el Tribunal Supremo en 2018”.