Esta cifra supone una nueva transferencia “récord” para financiar el nivel acordado entre los ejecutivos autonómicos y, además, el Gobierno calcula que esta cifra ascenderá a 970 millones de euros tras contabilizar los recursos que reciben los gobiernos de País Vasco y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra respectivamente, según precisó el gabinete de Bustinduy en un comunicado emitido al término de dicha reunión.

Esta cantidad es, por segundo año consecutivo, la “más alta en la historia de este nivel de protección”, según el ministerio, que explicó que su fin es complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia que hay en cada región conforme al cumplimiento de objetivos como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector.

Este nivel acordado fue eliminado en el año 2012 y no fue recuperado hasta el año 2021, cuando se dotó con 306,9 millones de euros y comenzó entonces una “senda de crecimiento”, según el ministerio, que alcanza ya los 970 millones de euros actuales.

6.200 MILLLONES MÁS

En paralelo, el ministerio destacó que el aumento de la inversión estatal en el nivel acordado ha ido de la mano del crecimiento “exponencial” de la financiación a la dependencia por parte del Gobierno de España a través del conocido como nivel mínimo.

Dicha inversión experimentó hace dos semanas una ampliación “sin precedentes” cuando el Consejo de Ministros aprobó, el pasado 23 de junio, un real decreto-ley que supuso “duplicar las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos de las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido”, según puntualizó el departamento liderado por Bustinduy.

Esta inversión, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, ha supuesto, a su juicio, una “refundación” del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y permitirá que, sumados los incrementos en el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal a los ejecutivos autonómicos sea de 6.200 millones de euros más solo entre 2026 y 2027.

Se trata, según Derechos Sociales, de “un esfuerzo récord” que, solo en lo referente al nivel mínimo, implicará que los gobiernos de las autonomías reciban, de media, un 98,7% más de recursos por parte de la Administración General del Estado para la dependencia.

FINANCIACIÓN, BLINDADA

Junto a ello, el Gobierno ha cumplido su “compromiso” de asumir el 50% de la financiación global del sistema alcanzando un total de 7.239,4 millones de euros en 2027, incluyendo las subidas en el nivel acordado y el nivel mínimo.

El pasado jueves, la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados votó a favor de que este compromiso se convierta en una norma al incorporar a la reforma de la ley de discapacidad y dependencia la obligación del Estado de asumir el 50% de los costes del sistema de la dependencia.

El texto se votará en el Pleno del Congreso de los Diputados este martes, de manera que, de aprobarse, la nueva ley de discapacidad y dependencia, fijará y blindará por ley esa cofinanciación del 50% del Estado, “completando la refundación del sistema de la dependencia y consolidando un modelo más robusto, estable y con mayor garantía de derechos”, según el ministerio.

REFUNDACIÓN

El objetivo de que los gobiernos autonómicos dispongan de una mayor financiación es “avanzar” en objetivos que el Gobierno considera “vitales” como la reducción y agilización de las listas de espera, la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras, el aumento y mejora de servicios a las personas en situación de dependencia, la inversión en tecnología y la ampliación de la teleasistencia o de la atención a domicilio.

Para Derechos Sociales, otro objetivo “fundamental” de esta ampliación de la financiación del SAAD es reforzar los recursos que reciben los gobiernos autonómicos para financiar los cambios estructurales que establece la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, actualmente en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados.

“Una norma que reforzará el derecho de cada persona a elegir el servicio o prestación que desea y que incluirá nuevos servicios para la ciudadanía, como servicio de cuidados y apoyos en viviendas compartidas para adaptar el sistema de la dependencia a los nuevos modelos de convivencia y preferencias de las personas; servicio de asistencia personal, con la finalidad de extenderlo a más personas y, especialmente a quienes tienen más necesidades de apoyo como las personas con discapacidad.

También, extensión del servicio de ayuda a domicilio a actuaciones en el entorno comunitario, para que las personas que reciben esta ayuda puedan ser, por ejemplo, acompañadas en actividades como ir al médico o hacer la compra y productos de apoyo que mejoren la autonomía como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz, que se proveerán mediante préstamo o cesión temporal.