La organización destacó que la reforma convierte la autonomía personal en “un derecho” y obliga a las administraciones a respetar el proyecto de vida de cada persona, además de incorporar avances como el reconocimiento de la accesibilidad universal como un derecho exigible, la ampliación de la asistencia personal sin límite de edad, la extensión de la teleasistencia a todos los grados de dependencia, la regulación de las viviendas con apoyos, la eliminación de las sujeciones físicas y químicas y el refuerzo de la atención temprana y de la vida independiente.

Asimismo, subrayó que, por primera vez, una ley establece la obligación de que la Administración General del Estado financie al menos el 50% del coste del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), una reivindicación histórica del sector. Recordó además que el Congreso convalidó en la misma sesión el Real Decreto-ley 17/2026, que prevé una inyección de 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 para reforzar el sistema.

Entre las principales novedades, Impulsa Igualdad destacó también la “simplificación del acceso al reconocimiento de la discapacidad”, de forma que las personas con un grado I de dependencia obtendrán automáticamente un 33% de discapacidad y quienes tengan reconocidos los grados II o III accederán de oficio a un grado del 65%, evitando así un segundo procedimiento administrativo.

La entidad valoró igualmente que la reforma elimine determinadas incompatibilidades entre prestaciones, amplíe el reconocimiento de las personas cuidadoras más allá del ámbito familiar, incorpore la figura del asistente personal sin límite de edad y regule el facilitador procesal para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

En materia de accesibilidad, resaltó que la norma deja de considerar este principio como “una mera orientación” para convertirlo en “un derecho exigible”, reforzando la obligación de garantizar entornos, transportes, servicios, tecnologías e información accesibles. Además, contempla la accesibilidad cognitiva, desarrolla el concepto de ajustes razonables y considera discriminatoria su denegación injustificada.

La reforma también prevé la creación de un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, financiado con las sanciones derivadas de incumplimientos de la propia ley, y refuerza las obligaciones de accesibilidad en edificios residenciales, patrimonio histórico, servicios sanitarios, administraciones públicas y procedimientos de consumo.

No obstante, Impulsa Igualdad advirtió de que una parte importante de los efectos de la reforma “dependerá del desarrollo reglamentario, de la adaptación de las comunidades autónomas y de la dotación de recursos suficientes para hacer efectivos los nuevos derechos”.

En este sentido, el presidente de la organización, Fran Sardón, afirmó que la reforma incorpora “reivindicaciones históricas del movimiento de la discapacidad”, especialmente en materia de financiación estatal de la dependencia, pero insistió en que “una ley solo vale lo que vale su aplicación”. Recordó que actualmente casi 143.000 personas continúan esperando la valoración de su grado de dependencia y que el tiempo medio de resolución alcanza los 314 días, muy por encima del plazo legal de seis meses.

Sardón añadió que siguen pendientes cuestiones como la reforma del copago, que, a su juicio, continúa dificultando el acceso de muchas familias al sistema, y reclamó “la exención total de esta aportación en los cuidados residenciales y domiciliarios”. Además, anunció que la entidad realizará un seguimiento del desarrollo de la ley para “comprobar que los nuevos derechos se aplican de forma homogénea en todas las comunidades autónomas” y evitar que las diferencias territoriales “limiten la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad”.