Así lo reclamaron en el diálogo ‘Los mayores como consumidores’, organizado por la agencia de noticias Servimedia, tanto el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Ángel Rodríguez Castedo; como el presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, Carlos Ballugera; el economista Julio Rodríguez y la vicepresidenta de la ONCE Imelda Fernández.

A este respecto, Rodríguez Castedo lamentó el “maltrato evidente” que experimentan los ciudadanos en su calidad de clientes no solo de los servicios financieros, sino también de las distribuidoras de suministros básicos con las que su relación se convierte, a su entender, en un “martirio permanente” por la deficiente atención que, en muchos casos, reciben.

Tras denunciar la falta de accesibilidad de los cajeros automáticos de las entidades bancarias para una persona que se desplaza en silla de ruedas, lo que le dificulta la posibilidad de extraer dinero, el presidente de la PMP afirmó que, en general, la persona mayor “se siente imbécil, tonta, incapaz de hacer nada”. “Hay gente que se echa a llorar por esa sensación de inutilidad y esto es muy grave, porque es maltrato puro y duro y hay que combatirlo en un país civilizado”, aseveró.

“La cuarta economía de la Unión Europea no puede permitirse un estado de situación y de maltrato a nueve millones y medio de personas mayores y a sus familias”, espetó, convencido de que, “al final, la familia sufre viendo a su padre o a su abuelo pasándolo mal” y de que resulta “descorazonador” la falta de “compromiso” de estas entidades. Por ello, ante “poderes tan fuertes” urgió a “trasladar a ley” todas las normas necesarias para imponerles “determinado tipo de obligaciones”.

PESIMISMO

En este contexto, Carlos Ballugera se mostró “muy pesimista”, convencido de que “sabemos cuáles son los problemas y las soluciones”, que pasan, a su entender, por mejorar la atención “personalizada” al cliente y lamentó que, aunque existen “instrumentos” para alcanzar los objetivos, “están en el papel, pero no funcionan”. “No se puede pedir que haya héroes y que sea un ciudadano el que ponga en la primera plana de la opinión pública problemas que están ocurriendo a centenares de miles de personas”, abundó, en referencia a la campaña emprendida por Carlos San Juan para reclamar una atención más humanizada en las sucursales bancarias y que ha recogido unas 600.000 firmas a través de 'Change.org'.

El experto reconoció que hay “una enorme cantidad de instrumentos legales para combatir esta situación”, consciente de que el consumidor “solo no la puede arreglar”, e indicó que en España hay una “multitud” de órganos jurídico administrativos que tienen “legitimación colectiva para defender los intereses de personas consumidoras”, si bien han interpuesto “cero” demandas en su defensa.

En este sentido, se preguntó “qué han hecho los órganos de consumo de las comunidades autónomas” al respecto, para, a continuación, considerar que su impacto es “muy limitado”. En paralelo, explicó que el Ministerio Fiscal “tiene una amplísima legitimación colectiva” para defender a las personas consumidoras vulnerables, puntualizando que en 2010 se crearon los fiscales delegados de consumo, de los que, sin embargo, solo se ha nombrado a dos.

Para el especialista, en España hay “una serie de instrumentos bien diseñados, pero que carecen de medios y de desarrollo” para poder ser aplicados, por lo que reclamó dotación presupuestaria de los servicios públicos de consumo, encargados de “sancionar y disciplinar el mercado”, consciente de que el sistema nacional de consumo “está en el papel, pero no tiene medios ni dotación”.

ESCEPTICISMO

Además, mostró su “escepticismo” en que la articulación de nuevas leyes vaya a dar lugar al “cumplimiento” por parte de la banca “cuando no existen mecanismos coercitivos por parte de la autoridad del sector, como es el Banco de España”, que, dijo, responde favorablemente en un 90% de las reclamaciones, a pesar de lo cual las entidades “cumplen un 30%”.

Por su parte, el economista Julio Rodríguez hizo hincapié en que el “creciente oligopolio” bancario en España se ha traducido en una situación “insatisfactoria” para el usuario marcada por el “abuso y maltrato” por parte de unas entidades “mucho más fuertes, que le hablan al Gobierno con una soberbia propia de quien tiene la sartén por el mango y que están mucho peor dispuestas para atender a los problemas” de los consumidores, entre los que citó el aumento de las comisiones, el cierre masivo de oficinas o el despido de personal.

“Es verdad que se han visto ahora constreñidos en su volumen de negocio, pero, sin embargo, las cuentas de resultados que se han publicado son magníficas, están todos de enhorabuena mientras surge un clamor por este mal servicio a los clientes, que, sobre todo, sufren las personas mayores”, espetó, para denunciar, a su vez, el cobro de comisiones “en bastantes ocasiones abusivas” y llamar al Banco de España a emprender “una revisión global” de las mismas.

CERTIFICADO COVID

Finalmente, entre las reclamaciones de los consumidores en el actual contexto de pandemia, a lo largo del encuentro también se pusieron de manifiesto las dificultades que experimentan las personas con algún tipo de discapacidad visual para acceder a instrumentos como el certificado covid y la vicepresidenta de la ONCE urgió a “poner siempre a la persona en el centro de todas las actuaciones”.

En este punto, hizo hincapié en que la organización está “trabajando” con las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas dado que, en algunas de ellas, dicho documento no es accesible y no permite a estas personas descargarlo “de forma autónoma e independiente”. “Es muy importante esa sencillez a la hora de diseñar, que las aplicaciones sean usables, accesibles y sencillas de utilizar para determinadas personas que tengan esas dificultades o que tengan problemas de brecha digital”, sentenció.