El director de la Oficina de Delitos de Odio de la ONG Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, explicó tras ver los vídeos que ha colgado en las redes sociales Nicolás García que podría tratarse de un delito de odio.

Por este motivo, además de apoyar jurídicamente al insultado para emprender las acciones pertinentes para su defensa piensa informar a la Fiscalía de Delitos de Odio para que investigue el caso y adopte las medidas oportunas contra la alcaldesa.

García lleva tiempo denunciando en las redes sociales las continuas vejaciones e insultos a los que se ve sometido, presuntamente, por Montserrat Hernández, alcaldesa del Partido Popular de esta pequeña localidad desde las elecciones municipales de 2015. Sostiene que los insultos vienen porque no la votó en los últimos comicios de mayo de 2019.

El vecino, que cuida desde hace tiempo a su madre centenaria, ha hecho pública su denuncia en redes sociales a través de un video en el que solicita ayuda legal, pues la alcaldesa ha pasado de los insultos a amenazarle con "quitarle a su madre" porque no está capacitado para cuidarla, tal y como se puede escuchar en uno de los vídeos.

La madre, que es consciente de todo lo que está pasando, no para de preguntarse: ”¿Qué le hemos hecho nosotros para que nos haga esto?”. Su único deseo es terminar sus días en casa junto a su hijo.

La alcaldesa Monserrat Hernández ya fue condenada en el año 2014 por injurias y amenazas a una pareja homosexual del pueblo y por tres faltas de coacciones a la arrendataria del bar municipal, según informaron medios locales y confirmaron este martes a Servimedia fuentes del PP.

Según la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Piedrahíta, Hernández llamó "maricones de mierda" a la pareja de homosexuales, por lo que fue condenada en un juicio de faltas, ya que entonces no existía el delito de odio.

Desde el PP de Ávila, fuentes oficiales aseguraron a Servimedia que el incidente actual entre la alcaldesa y Nicolás García se circunscribe a "situaciones personales" o "rencillas de pueblo" propias de una localidad pequeña como San Bartolomé de Béjar, que cuenta apenas con medio centenar de habitantes. Por ello, el PP descarta por ahora adoptar medidas disciplinarias contra la alcaldesa.