Así queda de manifiesto en el análisis realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación Cermi Mujeres (FCM) en base a los datos de la estadística Salario de la Población con Discapacidad (SPD 2023) del Instituto Nacional de Estadística, los más recientes disponibles, recogidos y sistematizados por el Observatorio Estatal de la Discapacidad.

Según estos datos, las mujeres con discapacidad cobran también menos que otros trabajadores de su mismo género sin discapacidad. En concreto, 3.399,8 euros menos al año que las mujeres sin discapacidad. El salario medio anual bruto de las mujeres con discapacidad fue de 22.191,5 euros, frente a los 23.853,3 euros percibidos por los hombres con discapacidad. Esta diferencia de 1.661,8 euros anuales representa una brecha salarial del 7% dentro del propio grupo social de la discapacidad, destacó el Movimiento.

Asimismo, el conjunto de las personas con discapacidad registró un salario medio anual de 23.159,7 euros, un 17,9% menos que las personas sin discapacidad, cuyo salario medio se situó en 28.207,8 euros.

DISCRIMINACIÓN

Desde Cermi y la FCM advirtieron que estos datos evidencian que "la brecha salarial por razón de género y discapacidad continúa siendo una de las desigualdades más arraigadas en el mercado laboral español, situando a las mujeres con discapacidad en una posición estructural de desventaja económica".

Los datos más recientes disponibles, correspondientes a 2023, ponen de manifiesto que las mujeres con discapacidad se concentran sistemáticamente en los tramos retributivos más bajos, afrontando "una discriminación interseccional que combina el sesgo de género y la discapacidad", aseveraron.

"Las mujeres con discapacidad se encuentran en una posición críticamente desfavorecida dentro del mercado laboral, donde convergen techos de cristal, paredes de cristal y exclusiones específicas vinculadas a la discapacidad", denunciaron.

Ante esta realidad, el Cermi y la Fundación Cermi Mujeres instaron a los poderes públicos y a los agentes sociales y económicos a adoptar una acción decidida y coordinada que haga efectivo el principio de igualdad salarial, recordando que sin igualdad retributiva no existe participación plena en condiciones de equidad para las mujeres con discapacidad. La justicia salarial es una condición imprescindible para la autonomía económica y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de este grupo social, concluyeron.