Así lo afirma en el informe sobre los derechos de las personas con discapacidad que presentará a partir del próximo lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU y en el que advierte de que la representación política de este colectivo sigue siendo “difícil de alcanzar” casi veinte años después de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006. Según el documento, “la política no refleja la diversidad de las personas representadas” y las decisiones públicas se ven “empobrecidas por la falta de inclusión de las voces y experiencias de las personas con discapacidad”.

El informe plantea reformas jurídicas, apoyo económico y medidas concretas como "cuotas" o "escaños reservados" para revertir la infrarrepresentación de las personas con discapacidad en los ámbitos políticos nacionales e internacional. Sostiene que las barreras que dificultan el acceso a la vida política son “numerosas y muy arraigadas”. Entre ellas destaca "el estigma y el capacitismo", que se traducen en "cuestionamiento persistente de la competencia, credibilidad y autonomía" de los candidatos con discapacidad. También subraya que en muchos Estados siguen vigentes normas que limitan el derecho a votar o a presentarse a elecciones basándose en una “incapacidad mental verificada” o en requisitos médicos que la Relatora considera incompatibles con la Convención.

En concreto, el informe recomienda la derogación de leyes que "todavía restringen el derecho a votar o presentarse a elecciones por motivos de discapacidad", así como la "reforma de los códigos electorales" para eliminar requisitos discriminatorios. Propone incorporar en la legislación obligaciones claras de accesibilidad física, digital y comunicativa en todas las fases del proceso político y reconocer de forma expresa "el derecho a ajustes razonables durante el ejercicio de un cargo público", con el fin de garantizar la igualdad de condiciones.

SISTEMAS DE FINANCIACIÓN ELECTORAL

Hagrass denuncia en su documento que los entornos políticos son todavía "en gran medida inaccesibles y, por lo tanto, discriminatorios" para quienes desean ser candidatos. La falta de accesibilidad física, digital y comunicativa obliga a asumir "gastos adicionales relacionados con la discapacidad", como transporte adaptado, tecnologías de apoyo, interpretación en lengua de signos o asistentes personales.

Por ello, el informe urge a los Estados a crear "un mecanismo de financiación pública específico" que garantice igualdad de condiciones durante las campañas electorales y en el ejercicio del cargo. Entre otras cuestiones, este mecanismo debería contemplar la cobertura de los gastos adicionales asociados a la discapacidad durante las campañas electorales, como apoyos como intérpretes de lengua de signos, subtitulado y adaptación de materiales, tecnologías de apoyo, asistentes personales o transporte adaptados.

Asimismo, propone revisar los sistemas de financiación electoral para evitar efectos discriminatorios. Esto incluiría la reducción o exención de tasas de inscripción de candidaturas, cuotas de afiliación a partidos u otros costes administrativos que puedan suponer una barrera económica adicional para las personas con discapacidad. A juicio de Hagrass, estas medidas permitirían corregir desigualdades materiales y asegurar una "participación política efectiva y sostenible".

La Relatora abogará ante el 61 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en el Palais des Nations, Ginebra (Suiza), por establecer "medidas estructurales destinadas a corregir la infrarrepresentación", unas herramientas que deberían aplicarse “en estrecha consulta con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan”. Además advertirá de que, si se diseñan mal, pueden reforzar desigualdades o fomentar la participación simbólica. Hagrass solicitará un enfoque interseccional para garantizar la presencia de mujeres y jóvenes con discapacidad, que afrontan barreras adicionales y, en muchos casos, "violencia política".

NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD

El informe reclama normas "exhaustivas y vinculantes" de accesibilidad para todas las etapas del proceso político (desde materiales de campaña hasta colegios electorales, formularios de nominación, debates públicos y sitios web institucionales) y propone "auditorías periódicas para garantizar su cumplimiento". Del mismo modo, exige "revisar las leyes de financiación electoral y los sistemas de remuneración" para evitar efectos discriminatorios.

Hagrass subrayará también ante la Asamblea General "la falta de formación cívica y política accesible", y recuerda en su informe previo a su comparecencia que el derecho a la educación inclusiva está "estrechamente ligado a la participación pública". Por ello instará a crear programas de liderazgo, tutoría y prácticas en parlamentos y otras instituciones. Según el informe, "crear oportunidades para obtener cualificaciones, experiencia y habilidades de liderazgo" es esencial para lograr un progreso sostenible.

Finalmente, plantea en su documento "combatir de forma activa el discurso de odio" y promover campañas de sensibilización que cuestionen las ideas preconcebidas sobre capacidad y liderazgo. El informe advierte de que excluir a las personas con discapacidad de la política envía “un mensaje contundente y negativo” y recuerda que la participación en la adopción de decisiones “es un elemento fundamental de la ciudadanía”.