Así consta en el informe previo a las deliberaciones de la Asamblea General de ONU y elaborado por la propia Heba Hagrass, quien sostiene que superar estos modelos es imprescindible para garantizar una participación política plena y en igualdad de condiciones.

Este documento denuncia que, dos décadas después de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los sistemas políticos continúan operando bajo “los enfoques médico y caritativo de la discapacidad”, modelos que históricamente han definido leyes, políticas públicas y decisiones adoptadas "sin nosotros". La Relatora Especial informará de estos extremos en el 61º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará en el Palais des Nations de Ginebra (Suiza).

Según el informe al que ha tenido acceso Servimedia, estos paradigmas reducen a las personas con discapacidad a "sujetos pasivos, dependientes o incapaces de tomar decisiones", lo que afecta directamente a su reconocimiento como líderes políticos y a su presencia en listas electorales.

La Relatora explicará que la ausencia de representación está ligada a una cultura que continúa entendiendo la discapacidad "en clave asistencial", lo cual impide que se reconozca a este colectivo como actores políticos con plena autonomía y legitimidad.

Hagrass advierte en su documento que la persistencia de estos enfoques se traduce en dudas infundadas sobre la capacidad, credibilidad y competencia de los candidatos con discapacidad, generando un “cuestionamiento persistente” que desalienta su participación en los procesos de selección interna de los partidos y limita sus posibilidades reales de ser incluidos en puestos con opciones de salir elegidos.

El informe destaca que esta visión paternalista no solo afecta a la valoración que hacen los partidos políticos, sino también a la percepción de la ciudadanía y de los propios líderes institucionales. La Relatora estima que estas actitudes "condicionan la forma en que se diseñan las políticas públicas" y refuerzan la idea de que las personas con discapacidad deben quedar "relegadas a temas específicos, en lugar de ser actores políticos de pleno derecho” capaces de contribuir a todas las áreas de decisión.

ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS

El informe de Hagrass subraya que la ONU debería insistir en la necesidad de adoptar un enfoque "basado en derechos humanos" que reconozca a las personas con discapacidad como sujetos plenos de ciudadanía, con capacidad de liderazgo, decisión y aportación política, en línea con el espíritu de la Convención.

El documento recuerda que la participación política depende de que se reconozca la "capacidad jurídica sin restricciones" de las personas con discapacidad y de que se eliminen todas "las barreras actitudinales" que aún perviven en la cultura política. La Relatora recalca que no basta con garantizar el derecho de voto si los sistemas de nominación, selección interna y designación de candidaturas siguen operando bajo "prejuicios derivados de modelos obsoletos".

La presentación del citado informe ante la Asamblea General coincide con un momento en que la ONU viene alertando de "retrocesos globales en materia de inclusión". Hagrass pedirá a los Estados que adopten medidas decididas para erradicar las visiones asistenciales, promover referentes positivos de liderazgo con discapacidad y asegurar que ninguna persona quede fuera de la vida pública por estereotipos o prejuicios. "La participación en la adopción de decisiones y el reparto del poder son elementos fundamentales de la ciudadanía", subraya la Relatora, quien insiste en que la exclusión política del colectivo transmite "un mensaje contundente y negativo".