En 2025 se lanzaron "decenas de iniciativas, en el ámbito nacional e internacional, con el objetivo de mejorar leyes, influir en el acceso a una justicia inclusiva, promover el compromiso de las administraciones con la sostenibilidad del movimiento asociativo, así como visibilizar el sobreesfuerzo de las familias y la necesidad de potenciar las políticas que compensen la presión de cuidados y recursos que sufren a diario", comunicó este lunes Plena inclusión España.

Esta organización, que agrupa a más de 950 asociaciones en toda España, centrará sus esfuerzos "en la mejora de derechos como la personalización de la atención a la dependencia para unas 400.000 personas con discapacidad intelectual", en un contexto en el que se prevé la aprobación de las nuevas leyes de Dependencia y de Discapacidad en los primeros meses del año.

La presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, subrayó que uno de los objetivos prioritarios de esta labor de incidencia es "visibilizar el sobreesfuerzo económico que realizan las familias, así como la necesidad de potenciar políticas públicas que compensen la dedicación y los cuidados permanentes que prestan a sus seres queridos con discapacidad intelectual y del desarrollo".

Plena inclusión avanzó que trabajará para lograr un mayor y mejor reconocimiento de las familias en su condición de cuidadoras, al tiempo que seguirá defendiendo medidas que mejoren la accesibilidad cognitiva, el acceso a la vivienda y la igualdad efectiva ante la justicia para las personas con mayores dificultades de comprensión.

Durante 2025, Plena inclusión España se consolidó como referente estatal en la defensa de los derechos de este colectivo, según la propia confederación, que añadió que intensificó su actividad para avanzar en la plena aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre las principales actuaciones desarrolladas figuran "decenas de aportaciones a proyectos de ley y estrategias estatales en ámbitos como empleo, vivienda, protección digital de menores y atención a la dependencia, así como acciones de litigación estratégica ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para garantizar el acceso a la justicia, la educación inclusiva y el derecho a la vida familiar".

En el ámbito legislativo, la organización destacó que el anteproyecto de la nueva Ley de Dependencia, actualmente en trámite parlamentario, incorpora algunas propuestas clave defendidas por Plena inclusión España, como la obligación legal de acompañar a las personas en los procesos de preparación para la jubilación, un nuevo criterio temporal en las listas de espera del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y la compatibilidad entre prestaciones y empleo.

JUSTICIA INCLUSIVA

Asimismo, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, esta confederación recordó que impulsó una guía sobre la protección de las personas con discapacidad en el proceso penal, reforzando las garantías de acceso a una justicia inclusiva. La incidencia política se vio acompañada de un diálogo directo y continuado con actores institucionales relevantes, a través de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, con reuniones mantenidas tanto con la Secretaría General de Inclusión como con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, añadió Plena inclusión, que indicó que también afianzó su colaboración con el Ministerio del Interior, "participando en la formación de 650 policías nacionales en materia de violencia de género que afecta a mujeres con discapacidad intelectual y en la elaboración de dos guías de intervención policial para prevenir delitos de odio". Además, contribuyó "a planes estatales relacionados con infancia, salud mental y reducción de restricciones".

La confederación informó de que, además, en paralelo, lideró campañas de sensibilización y reivindicación como #SinRecursosNOhayCuidados, desarrollada junto a Plena inclusión Andalucía, Fademga (Plena inclusión Galicia) y Plena inclusión Aragón, para reclamar una financiación pública suficiente que garantice la sostenibilidad de los servicios y apoyos esenciales para las personas con discapacidad y sus familias.

Plena inclusión España reconoció que esta labor de incidencia política y legislativa fue posible gracias al trabajo en red y a las alianzas con entidades del ámbito social, tanto nacionales como internacionales, entre ellas el Cermi, Cáritas Española, Fundación Secretariado Gitano, Inclusion Europe e Inclusion International, con las que "seguirá colaborando a lo largo de 2026 para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y justa".