La Asamblea de la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) eligió el pasado sábado por mayoría absoluta a Roberto Suárez como presidente, revalidando su mandato por cuatro años más. Unos días después de su reelección, Suárez explicó a Servimedia que pese a los avances, que han sido "importante" en los últimos años, "sabemos que los derechos no se conquistan una vez y para siempre: hay que defenderlos cada día".

Suárez reiteró el firme compromiso con situar a las personas sordas en el centro de las políticas. "Para mí, y para todo el Consejo de la CNSE, esta reelección significa sobre todo responsabilidad. Que la Asamblea haya respaldado nuestro proyecto por mayoría absoluta es una muestra de confianza que agradecemos profundamente, pero también supone un mandato claro: seguir trabajando con firmeza, con unidad y con los pies en el suelo".

El responsable de la CNSE afirmó que su prioridad seguirá siendo "consolidar lo logrado y avanzar en aquello que todavía está pendiente". "Queremos combatir la desigualdad territorial, porque los derechos de una persona sorda no pueden depender de dónde viva. Vamos a trabajar para que el Real Decreto 674/2023 se cumpla de verdad en educación, sanidad, empleo, justicia, servicios sociales, cultura, participación ciudadana y accesibilidad. También reforzaremos el movimiento asociativo, el liderazgo sordo, la lengua de signos, nuestro patrimonio cultural y la cohesión de nuestra red", proclamó.

La digitalización inclusiva, una inteligencia artificial ética y respetuosa con la comunidad sorda son otros de los asuntos en los que Suárez quiere poner el foco. Al igual que la accesibilidad "con calidad" y la atención a la infancia sorda y sus familias.

La participación de mujeres sordas, jóvenes, personas mayores sordas "y todas las diversidades de nuestra comunidad" serán tenidas en cuenta por la CNSE, una entidad que apuesta por el diálogo pero sin conformismos.

LAS LEYES NO BASTAN

"España ha avanzado en reconocimiento normativo, pero ahora estamos en una fase decisiva: la fase del cumplimiento. No basta con que los derechos estén escritos en una ley o en un reglamento; tienen que llegar al aula, al centro de salud, al juzgado, a la oficina de empleo, a los servicios sociales, a la televisión, a las emergencias y a cualquier espacio de la vida cotidiana", advirtió Suárez.

En este sentido, desde la CNSE aseguraron que seguirán colaborando con las administraciones al tiempo que exigen el cumpolimiento real del Decreto 674/2023, que "es una herramienta muy importante, pero su valor dependerá de cómo se aplique". "Por eso vamos a hacer un seguimiento permanente de su cumplimiento, junto con nuestra red asociativa, para que su desarrollo sea homogéneo y no genere nuevas desigualdades entre territorios".

Para velar porque esas normas se conviertan en mejoras cotidianas en la vida diaria de las personas con discapacidad, Suárez se comprometió a exigir "compromisos verificables: presupuesto suficiente, planificación territorial, coordinación entre administraciones, participación directa de las organizaciones de personas sordas, indicadores públicos y evaluación periódica".

NUEVOS AVANCES

La organización, contó a Servimedia, ya trabaja para avanzar en materia de educación bilingüe e inclusiva, atención temprana, sanidad, salud mental, justicia, empleo, formación, emergencias, cultura, medios de comunicación, participación política y servicios públicos. "Queremos garantizar lengua de signos, subtitulado de calidad, videointerpretación, apoyos visuales y otros recursos de accesibilidad allí donde sean necesarios", añadió.

Suárez señaló que el marco normativo supone al tiempo una oportunidad de empleo para las personas sordas, pues se necesitan "más especialistas sordos en lengua de signos, intérpretes, mediadores y mediadoras comunicativas, videointérpretes y profesionales formados en accesibilidad comunicativa. Y necesitamos que la contratación pública priorice la calidad del servicio, no solo el precio".

En esa línea, el reelegido presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) puso en valor la creación de títulos oficiales de Lengua de Signos, lo que consideró un "avance importante en la normalización, el prestigio y el reconocimiento institucional de nuestra lengua como idioma de pleno derecho".

Integrantes del nuevo equipo de gobierno | Foto de la CNSE

También es positivo que la dirección académica se encomiende al Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española y que el sistema se estructure conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, indicó. "Ahora bien, pedimos coherencia en su desarrollo. La lengua de signos no puede entenderse sin las personas sordas que la enseñan, la transmiten y la sostienen".

Suárez avanzó que esperan también avances en el desarrollo efectivo del Real Decreto 674/2023 en relación con la mejora de la atención temprana y el impulso de una educación bilingüe real, entre otras cuestiones. Y reclamó una mejora de los datos oficiales sobre la población sorda: "Sin datos rigurosos, actualizados y accesibles, es muy difícil diseñar buenas políticas públicas".

Pese a esos avances, indicó, la principal barrera que afrontar las personas con discapacidad auditiva "sigue siendo la falta de accesibilidad a la información y a la comunicación". "Y esa barrera aparece en todos los ámbitos de la vida: en la educación, cuando un alumno sordo no cuenta con especialistas en lengua de signos, intérpretes o materiales accesibles; en la sanidad, cuando una persona no puede comunicarse de forma autónoma con su médico; en el empleo, cuando no se garantizan ajustes razonables; o en una emergencia, cuando la información llega solo a medias. Recordemos que las personas sordas somos un colectivo muy diverso. Y como tal, las respuestas públicas tienen que ser flexibles, suficientes y adaptadas a esa diversidad", reivindicó.

La mencionada desigualdad territorial es uno de los asuntos que más preocupa a la CNSE y a este respecto Suárez reiteró que "la accesibilidad no puede depender de la buena voluntad de un centro, de un profesional o de una administración concreta. Tiene que estar planificada, financiada, evaluada y garantizada". "No puede ser que una persona sorda tenga más o menos derechos según su código postal", aseveró. Y en este mismo sentido señaló que muchos niños sordos siguen sin acceso "temprano y pleno" a una lengua accesible, lo que tiene consecuencias en el desarrollo, la salud emocional y la participación social.

Los prejuicios fruto del desconocimiento y los estereotipos siguen estando presentes, advirtió. "Las personas sordas no somos personas enfermas, no somos 'sordomudas' y no estamos limitadas por nuestra sordera", concluyó.