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Dependencia

El Senado pide al Gobierno “restablecer” la financiación de la Ley de Dependencia al 50% entre Estado y comunidades con la oposición del PSOE

Madrid
SERVIMEDIA

La Comisión de Derechos Sociales del Senado aprobó este martes una moción impulsada por Junts por la que se insta al Gobierno a “restablecer” la financiación de la Ley de Dependencia para que ésta se reparta al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas.

Lo hizo por 17 votos a favor y 12 en contra, todos del PSOE, que sustentó su rechazo en que la moción impulsada por Junts data de 2020 y recoge datos de 2017, lo que le dio pie a destacar que “desde entonces, el Gobierno ha cumplido los objetivos en materia de financiación”.

La moción aprobada recoge la necesidad de que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 contemple una mejora de la financiación del nivel mínimo y la recuperación de la financiación de la norma al 50%.

También conmina al Gobierno a elaborar, en el plazo de tres meses, con las comunidades un informe que calcule incremento de gasto destinado a promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que han debido soportar las administraciones territoriales desde 2011, “a causa de las decisiones unilaterales del Estado de reducir su financiación”, y que determine los importes de la compensación a los territorios y el calendario para hacerlo efectivo.

A su vez, incorpora, a través de una enmienda que Junts aceptó a instancias del PP, una previsión del grado de ejecución del Plan de Choque en Dependencia 2021-2023 desarrollado por el Gobierno.

ACABAR CON UN "OPROBIO"

En su defensa de la moción, la senadora de Junts María Teresa Rivero consideró “un oprobio” que se siga discutiendo sobre “la falta de una financiación clara y suficiente” la “mal llamada Ley de Dependencia”, 16 años después de su aprobación entre el Estado y las comunidades autónomas.

En ese sentido, defendió la importancia de que la ley recupere su financiación al 50% entre el Estado y las comunidades, puesto que desde 2013, denunció, María Teresa Rivero, “los propios dependientes aportan más, vía copagos, que el propio Estado”.

Por su parte, Patricia Calleja (PP) afirmó que la moción no hace más que poner negro sobre blanco una demanda histórica del conjunto de las comunidades autónomas; mientras que Aurelia Sánchez Navarro (PSOE), que intentó sin éxito que Junts aceptara una enmienda transaccional en la que se incluyera un análisis de la evolución del gasto en dependencia por parte del Consejo Territorial, desdeñó la iniciativa porque se presentó en 2020 con datos de 2017. “Desde entonces, el Gobierno ha cumplido los objetivos en materia de financiación”, deslizó.

A pesar de ello, indicó la necesidad de seguir incrementando la partida presupuestaria dedicada a dependencia, al hilo que se forjan acuerdos con las comunidades autónomas para “reforzar este pilar fundamental del Estado del bienestar”.

RESTO DE GRUPOS

Por su parte, Ruth Goñi (Ciudadanos) respaldó la moción aduciendo que “estamos muy lejos de alcanzar los recursos necesarios para atender las necesidades de las personas con discapacidad”; mientras que Pablo Gómez Perpinyá (Más Madrid) reconoció los “avances” del Gobierno en materia de dependencia, pero comentó que todavía queda camino por recorrer.

Nerea Ahedo (PNV) también reconoció que “se ha mejorado mucho la situación en los últimos tres años”, y Adelina Escandell (ERC) consideró “urgente” que “el Gobierno asuma el 50% de sus obligaciones financieras”. “No negamos los avances, pero no es suficiente”, indicó.

(SERVIMEDIA)
08 Nov 2022
MST/gja