La acusada se hizo cargo del hombre, que sufría un cuadro de patologías de origen físico que le hacían “vulnerable y dependiente” para algunas actividades como usar el teléfono, comprar o preparar comida, tareas domésticas, usar transporte público o manejar dinero. Ambos acordaron que la mujer se llevaba al afectado a su casa y él, a cambio, le ayudaba económicamente con su pensión.

El juzgado de lo Penal primero y la Audiencia Provincial de Bizkaia después consideraron probado que el anciano requirió varios ingresos hospitalarios de urgencia tras los que el centro sanitario formuló denuncia al constatar el progresivo deterioro de salud del paciente y su abandono por parte de la acusada, que no atendía a los llamamientos del hospital. Pese a la negativa de la mujer, el hospital gestionó el ingreso del enfermo en un centro socio sanitario en el que falleció a los diez días.

Ha quedado también acreditado que la acusada, que estaba autorizada en dos de las tres cuentas bancarias del hombre, dispuso de los fondos de las cuentas bancarias del anciano hasta dejarlas sin saldo.

El Pleno de la Sala Segunda estima así el recurso de la mujer y determina que el artículo 229 del Código Penal en su redacción actual limita su ámbito de protección a los menores de edad y a las personas con discapacidad mental o intelectual. Este tipo penal deja fuera los supuestos de discapacidad exclusivamente física, incluso cuando se generan situaciones extremas de dependencia y vulnerabilidad.

VULNERABLE Y DEPENDIENTE

El tribunal considera que en los hechos probados se describe “una situación de vulnerabilidad y dependencia que no satisface, sin embargo, las exigencias de tipicidad al no reunir los indicadores de discapacidad intelectual o mental precisados en la norma”.

Añade que la ley penal en este caso solo protege frente a las conductas típicas de abandono del artículo 229 del Código Penal a los menores y a las personas con discapacidad mental o intelectual.

La sentencia, ponencia del magistrado Javier Hernández, explica que los hechos declarados probados sugieren otras alternativas típicas que, obviamente, no pueden activarse en la instancia casacional y al hilo del recurso defensivo.

Pero el caso también revela -añade la sentencia- la necesidad político-criminal de una reordenación y revaluación sistemática y coherente del tratamiento penal de la vulnerabilidad.

En este sentido, la Sala señala que se echa de menos una categoría normativa de vulnerabilidad victimal que supere las actuales ambivalencias e incertezas interpretativas derivadas de las numerosas categorías normativas que se utilizan – persona desvalida, vulnerable, especialmente vulnerable, con discapacidad o con discapacidad necesitada de especial protección- que evite injustificadas impunidades “y permita, a la postre, que la norma penal cumpla la función de protección de las personas más débiles, por ser más vulnerables, frente a los ataques más graves a los bienes jurídicos individuales”.

DISCAPACIDAD FÍSICA E INTELECTUAL

La sentencia ahonda en que la distinción entre discapacidad física e intelectual puede en algunos supuestos justificar mayores o distintos mecanismos de protección y de respuesta punitiva, pero en otros puede generar inconsistentes resultados de impunidad o de menor protección.

“No creemos”, indica la sentencia, “que pueda cuestionarse que hay situaciones de discapacidad física que por sus efectos sobre los niveles de autonomía y posibilidad de autoprotección personal generan una tasa de vulnerabilidad tan alta, al menos, como la discapacidad intelectual o mental, lo que, como lógica consecuencial, obligaría a establecer iguales o similares niveles de protección penal”.

Agrega que “la exclusión de las personas con graves discapacidades físicas invalidantes como sujetos pasivos del delito de abandono del artículo 229 del Código Penal sería, entre otros, un buen ejemplo de injustificada discriminación en términos de protección penal”.

Por todo ello, la Sala propone al Gobierno que reformule el concepto normativo de discapacidad recogido en el Código Penal. El tribunal hace uso del mecanismo previsto en el artículo 4.2 del Código Penal que permite a los tribunales poner de manifiesto al gobierno la conveniencia de promover una reforma legislativa cuando se ha apreciado que la respuesta penal prevista por la ley resulta insuficiente.