Así lo desvela una encuesta a nivel nacional realizada por Facua-Consumidores en Acción en la que han participado 7.050 usuarios de toda España y cuyos resultados fueron presentados este miércoles en rueda de prensa el secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, tal y como precisó la entidad en un comunicado.

Según la encuesta, desarrollada entre los días 17 y 30 de septiembre, la “práctica totalidad” de los usuarios “sigue denunciando ser víctima de spam telefónico”, dado que el porcentaje alcanza el 98,9% de los encuestados, frente al 98,3% de la anterior encuesta de la organización, llevada a cabo en julio del año pasado.

El 36,5% de los consumidores dice recibir “aún más llamadas que antes”, el 36,3% afirma que las sufre “en la misma cantidad” y un 26,2% señala que ahora “recibe menos”.

El 59,4% de los encuestados advierte que recibe estas llamadas “todos o casi todos los días”, mientras que un 33,7% habla de “varias a la semana” y un 5,9% las reduce a “algunas al mes”, mientras únicamente el 1% señala que “no ha recibido llamadas spam en los últimos meses”.

En cuanto a la frecuencia, un 7,7% recuerda haber recibido más de diez llamadas al día, mientras que el número de llamadas más mencionado por los usuarios es de tres al día.

SERVICIOS MÁS OFERTADOS

Los servicios que más se suelen ofertar en estas llamadas son los de luz, mencionados por un 32,7% de los encuestados, seguidos de los de telecomunicaciones, un 29,8% y en tercera posición está la venta de productos de toda índole, con un 8,2%.

En este contexto, Facua recordó que el 7 de junio entró en vigor una nueva Orden del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que ordena a las compañías de telecomunicaciones que bloqueen las llamadas comerciales realizadas desde líneas móviles, algo que ha derivado en que se desvíe ese tráfico a numeraciones con prefijos geográficos nacionales.

“Pese a ello, el 36,4% de los encuestados señala que sigue recibiendo llamadas spam desde numeraciones móviles, aunque la mitad, el 50,3%, dice que suelen llamarles desde teléfonos fijos nacionales —aquellos que comienzan por 9—. El 5,7% afirma que las recibe habitualmente desde numeraciones internacionales”, abundó.

MEDIDAS INSUFICIENTES

Facua recordó que ya “venía advirtiendo” de que las medidas adoptadas por el Gobierno eran “claramente insuficientes” y le trasladó la “necesidad de ampliar el bloqueo a todo tipo de llamadas”.

“El propio ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ya admitió que tras la entrada en vigor del plan, los estafadores estaban usando llamadas con prefijos nacionales para sus prácticas fraudulentas ante la imposibilidad de hacerlo con numeración móvil”, apostilló Facua, que insistió en la necesidad de “ampliar” la orden ministerial para “bloquear también las llamadas spam desde numeraciones fijas con prefijo geográfico”.

“Desde 2023, todas las llamadas comerciales no pedidas expresamente están prohibidas, aunque en la práctica, se han seguido produciendo tanto o más como se producían con anterioridad”, prosiguió.

Además, Facua ve “fundamental” que desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se impulse un cambio regulatorio para obligar a las empresas beneficiarias de altas a través de llamadas comerciales a informar al usuario de que, “si no fue realizada o solicitada expresamente por él, tendría derecho a una indemnización económica al haber sido víctima de spam telefónico”.

NORMATIVA

El cambio en la normativa de protección de los consumidores que reclama implica también tipificar como infracción el hecho de que una empresa acepte el alta de un cliente captado a través de spam telefónico, de manera que estas prácticas puedan ser objeto de sanciones económicas.

Así, reclama a Consumo que todas las empresas beneficiarias de altas telefónicas tengan que garantizar que en la grabación de la llamada el usuario “no solo acepta unas condiciones concretas del servicio, sino que además indica que ha realizado él la llamada o que pidió expresamente que se la hicieran”.

“Si dicha información no aparece en la grabación, el contrato no sería válido y las empresas que los procesen estarían incurriendo en una infracción que derivaría en sanción al ser denunciada o detectada en controles de oficio por las autoridades de protección de los consumidores”, sentenció.

Facua aconseja a los usuarios que, si reciben llamadas comerciales sin que las hubieran autorizado, pueden interponer una denuncia ante la AEPD, que es el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de esta normativa.

Sin embargo, la asociación critica que la AEPD ha impuesto un “reducidísimo número de multas por estas irregularidades” y que el organismo “viene archivando o desestimando” la “inmensa mayoría” de sus denuncias por causas que la asociación considera “totalmente inaceptables”.