Según informó este jueves el movimiento social de la discapacidad, el informe, titulado ‘Participación igualitaria de las personas con discapacidad en la vida política y pública’, advierte de que, pese al marco jurídico que ofrece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad continúan “infrarrepresentadas en los espacios de toma de decisiones en todo el mundo”.

Entre las barreras persistentes, la relatora señala “las restricciones jurídicas” vinculadas a la capacidad legal, el estigma y el capacitismo, la inaccesibilidad de entornos y procesos políticos, la falta de ajustes razonables, los obstáculos financieros y la escasa inversión en formación y liderazgo político. Asimismo, subraya que garantizar el derecho al voto “no es suficiente si no se protege también el derecho a presentarse como candidata o candidato y a ejercer cargos públicos en igualdad de condiciones”.

El documento propone la derogación de normas discriminatorias, la adopción de medidas de acción positiva, como cuotas o escaños reservados, la implantación de estándares obligatorios de accesibilidad, la financiación pública de los gastos adicionales derivados de la discapacidad, la mejora en la recogida de datos desagregados y el impulso sostenido al empoderamiento y liderazgo político de las personas con discapacidad.

El Cermi participó en la elaboración del informe mediante la remisión de aportaciones desde España, sumándose a un total de 79 contribuciones de Estados y organizaciones de la sociedad civil tenidas en cuenta para la preparación del estudio.

A juicio del Comité, el informe constituye “una referencia relevante en el vigésimo aniversario de la Convención” y refuerza el principio de democracia inclusiva, en la que las personas con discapacidad no solo ejerzan su derecho al voto, sino que formen parte plena de los órganos legislativos, ejecutivos y representativos en todos los niveles.

Por ello, el Cermi instó a los poderes públicos y a las fuerzas políticas españolas a analizar las conclusiones del informe y adoptar medidas concretas que eliminen barreras normativas, económicas y actitudinales que limiten el derecho de las personas con discapacidad a representar y ser representadas.