Una vez culminado con satisfacción para UP el acuerdo sobre el capítulo de ingresos de las cuentas públicas, acelerado y en parte determinado por la competencia fiscal entre comunidades autónomas, ahora falta el capítulo de gastos.

A este respecto, fuentes del espacio confederal consultadas por Servimedia avisan de que, si el PSOE quiere aprobarlo en uno de los dos próximos Consejos de Ministros, todavía “hay que negociar mucho”, aunque este viernes el cansancio acumulado por los interlocutores aconsejara tomarse un respiro y no apurar la jornada.

En este capítulo de gastos, Unidas Podemos ha marcado como prioridad una financiación presupuestaria suficiente de tres de las grandes apuestas de sus ministerios: los planes de empleo del de Trabajo, que lidera Yolanda Díaz; la Ley de Familias del de Derechos Sociales, encabezado por Ione Belarra, y el Plan Corresponsables del de Igualdad, al mando de Irene Montero.

Según las fuentes consultadas, el PSOE se habría mostrado parcialmente receptivo a algunas demandas de su socio minoritario, pero el problema está en que sus medidas requieren dinero. Además de los planes de empleo, la Ley de Familias establece una renta por hijo de 100 euros al mes y permisos de paternidad y maternidad de seis meses, y UP quería una inversión adicional de 200 millones para el Plan Corresponsables.

Sin embargo, el mayor desencuentro se mantiene en torno a una ley que nominalmente está a cargo de un ministerio socialista, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aunque Belarra la negoció personalmente, y que además ya fue aprobada en el Consejo de Ministros el pasado 1 de febrero: la Ley por el Derecho de Acceso a la Vivienda.

Unidas Podemos la fijó como condición para aprobar, 'in extremis', ya los Presupuestos para 2021 y luego los de este año, y en agosto ya fijó su mejora con una serie de enmiendas como prerrequisito para dar su visto bueno a los de 2023.

Las reivindicaciones de Unidas Podemos, en las que están “a piñón” Díaz, Podemos, Izquierda Unidas y los Comunes que gobiernan Barcelona, son también las de otras fuerzas políticas como ERC, EH Bildu y Más País, que han introducido a modo de enmiendas a la ley las demandas de los movimientos por el derecho a la vivienda como la PAH y el Sindicato de Inquilinos.

MODIFICACIONES EXIGIDAS

En concreto, las modificaciones que exigen al texto que salió del Gobierno son eliminar los desahucios sin alternativa habitacional, destinar a alquiler social las viviendas de la Sareb (el Grupo Socialista ya tumbó una proposición no de ley de Unidas Podemos en este sentido) y, por encima de todo, extender el tope al alquiler a los inquilinos que viven en pisos de propietarios de no más de 10 viviendas, cifra máxima para no ser considerado un gran tenedor.

El anteproyecto limitó a esos grandes tenedores la obligación de no imponer un alquiler superior al que se establezca para la zona que se declare como tensionada.

Un diputado de Podemos de los que mejor conoce la problemática de la vivienda rechaza la distinción entre grandes y pequeños tenedores, subrayando que un propietario de uno o dos pisos que los alquila no lo hace personalmente, sino que introduce su apartamento en una de las plataformas web que recapitulan las ofertas y el precio se asimila a los del resto de inmuebles de la zona; algo que se le parece mucho a una concertación de precios. Teniendo en cuenta además que la inmensa mayoría de los arrendadores son pequeños tenedores, en el discurso de UP en las últimas semanas ya apenas se oye su tradicional denuncia contra los “fondos buitre”.

Los socialistas, reacios a esta extensión del tope de precio a los pequeños propietarios, se quejan de que Unidas Podemos les culpe de que la Ley de Vivienda no prosiga su tramitación, cuando en realidad son el grupo confederal y sus aliados los que ya no aceptan el texto inicialmente pactado en el seno del Gobierno y lo han inundado de enmiendas parciales. Las de totalidad fueron desestimadas en marzo, pero ya no se han dado más pasos en el Congreso.

En UP, por su parte, recuerdan que el PSOE ha hecho lo mismo con la Ley de Protección Animal del Ministerio de Derechos Sociales introduciendo una enmienda para dejar fuera a los perros de caza. Y contrastan que esta última norma iba a ser aprobada y con esa modificación no lo hará, mientras que la de Vivienda sólo puede ser aprobada con estas adiciones reclamadas por los colectivos y que todos los grupos parlamentarios cuyos votos son necesarios para aprobarla en el Congreso han hecho suyas también.

“No somos sólo nosotros. El texto aprobado en el Consejo de Ministros no sale con ninguna mayoría en el Congreso”, enfatizó una fuente del grupo confederal. “Con su intervención sobre los grandes tenedores, la derecha ve la ley como si fuera de Venezuela, y sin intervenir el precio para los pequeños propietarios, la izquierda no la va a apoyar”.